El veneno nuestro de cada día
Por décadas, Brasil ha sido presentado como el granero del mundo. Soja, maíz, algodón, caña de azúcar. Un océano verde que alimenta mercados globales. Pero bajo esa postal agrícola se esconde una historia mucho menos celebrada: la de un país que también se convirtió en uno de los mayores consumidores de agrotóxicos del planeta.
Carlos Amorín
11 | 3 | 2026
Y donde hay veneno en grandes cantidades, siempre aparecen las mismas preguntas: ¿quién gana?, ¿quién paga el precio?, ¿quién se enferma? Las respuestas no suelen aparecer en los balances del agronegocio.
Entre 2006 y 2021 se registraron 13.216 intoxicaciones por agrotóxicos en el estado de Paraná, según datos citados por la farmacéutica Yumie Murakami, investigadora vinculada al Observatorio del Uso de Agrotóxicos de la Universidad Federal de ese estado.
De esos casos, el 74,5 por ciento se relaciona con pesticidas agrícolas, el 23,6 por ciento con uso doméstico y el resto con productos de salud pública. Estas cifras, advierten especialistas, apenas muestran la punta del iceberg.
Las intoxicaciones más frecuentes se producen por accidentes laborales y por intentos de suicidio, pero también hay un problema menos visible: la exposición crónica, esa que no mata de inmediato, pero que enferma lentamente.
Los estudios epidemiológicos citados por Murakami vinculan la exposición prolongada a agrotóxicos con un aumento de múltiples enfermedades: cáncer, trastornos neurológicos, infertilidad, malformaciones congénitas y enfermedades neurodegenerativas. El listado incluye patologías como Alzheimer, Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica.
El problema no termina en el campo. Según análisis de alimentos realizados en Brasil, más del 73 por ciento de las muestras presentan residuos de pesticidas, y casi el 17 por ciento contiene sustancias no autorizadas o en niveles superiores a los permitidos.
En el agua ocurre algo similar: estudios en Paraná detectaron residuos en más de la mitad de las muestras de agua tratada. Es decir, el veneno ya no se queda en la plantación, circula.
Hay cultivos particularmente intensivos en el uso de agrotóxicos. Uno de ellos es el tabaco.
La fumicultura, muy extendida en el sur de Brasil, implica una cadena productiva casi totalmente manual. Desde la siembra hasta la cosecha, los trabajadores están en contacto directo con pesticidas y fertilizantes.
Y a eso se suma un fenómeno particular, la llamada “enfermedad de la hoja verde del tabaco”, una intoxicación aguda provocada por la absorción de nicotina a través de la piel durante la cosecha.
Los síntomas son conocidos por los agricultores: náuseas, vómitos, mareos, debilidad extrema. El cuerpo habla, pero la economía nunca escucha.
Mientras crecen las evidencias científicas sobre los impactos sanitarios y ambientales, el debate político brasileño ha ido en la dirección contraria.
Durante años, el Congreso discutió el controvertido Proyecto de Ley 6299, conocido por sus críticos como el “PL del Veneno”, una iniciativa impulsada por sectores del agronegocio para flexibilizar las reglas de aprobación de pesticidas.
El proyecto fue aprobado por el Parlamento y finalmente sancionado en 2023 con vetos parciales del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque mantiene cambios importantes en el sistema de registro de agrotóxicos. Entre otras medidas, la legislación busca acelerar los procesos de aprobación de nuevos productos y reorganizar las competencias regulatorias.
Para ambientalistas y organizaciones sanitarias esta legislación facilitará el ingreso de sustancias peligrosas al mercado.
Los números más recientes muestran que el modelo agrícola brasileño sigue profundamente dependiente de los agrotóxicos. Solo entre 2023 y 2025 se aprobaron más de 2.100 nuevos productos en el país, la mayoría de tipo químico. Cerca de la mitad contiene ingredientes activos que no están autorizados en la Unión Europea.
La ecuación es conocida: producción récord, exportaciones récord, ganancias récord. Pero el costo ambiental y sanitario queda disperso en el territorio.
En 2024, informes de organizaciones rurales registraron un aumento de casi diez veces en los casos documentados de contaminación por agrotóxicos, muchos vinculados a fumigaciones aéreas en zonas habitadas. Y como suele ocurrir en América Latina, los más afectados son quienes tienen menos poder para defenderse, esto es las comunidades rurales, los pueblos indígenas y los trabajadores y trabajadoras agrícolas.
Murakami lo resume con crudeza: “La vida y la salud de las personas no son prioridades en el sistema capitalista”.
Puede sonar como una frase ideológica. Pero cuando se observan los datos –los residuos en el agua, los trabajadores enfermos, los alimentos contaminados– la discusión deja de ser abstracta.
Brasil produce alimentos para cientos de millones de personas en el mundo.
Pero ¿cuántos de esos alimentos van acompañados con una dosis invisible de veneno? Y, sobre todo, ¿quién paga el precio?
