Mario Agudelo ─con quien la Rel UITA tiene un largo historial de amistad y cooperación─ conversó con La Rel sobre el reciente reconocimiento parcial por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de víctimas del conflicto armado colombiano, un periodo de violencia que se extendió aproximadamente desde 1964 hasta la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016.

El reconocimiento se refiere especialmente a desmovilizados del Ejército Popular de Liberación (EPL) y a miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (SINTRAINAGRO).

A lo largo de su trayectoria, Agudelo ha participado en procesos de organización social, defensa de los derechos laborales y acompañamiento a víctimas del conflicto armado en Colombia. Su trabajo ha estado estrechamente ligado al movimiento sindical del sector bananero en Urabá, donde ha promovido la memoria histórica de las luchas laborales y la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia política que afectó a sindicatos y movimientos sociales en la región.

En los últimos años ha participado activamente en los procesos de justicia transicional, aportando informes y testimonios ante tribunales como Justicia y Paz y la JEP. El objetivo ha sido lograr el reconocimiento de las víctimas colectivas del movimiento Esperanza, Paz y Libertad y de SINTRAINAGRO.

El reciente auto emitido por la JEP dentro del Caso 04 reconoce hechos de victimización cometidos principalmente por las FARC, pero también menciona la participación de actores estatales y grupos paramilitares en la persecución contra el movimiento político y sindical en el eje bananero de Urabá.

Para Agudelo, este reconocimiento constituye un paso importante dentro del proceso de reconciliación que necesita el país, aunque todavía resulta insuficiente frente a la magnitud de la violencia sufrida.

“Durante las décadas de 1980 y 1990 se desarrolló una política de violencia orientada a debilitar y eliminar la base social del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, especialmente en el sector bananero. Esta base estaba conformada principalmente por trabajadores organizados en SINTRAINAGRO, que llegó a convertirse en una de las organizaciones sociales más influyentes de la región”.

El dirigente recordó que el sindicalismo bananero tuvo sus orígenes en varios sindicatos que posteriormente fusionaron en SINTRAINAGRO, entre ellos Sintagro, Sintrabanano y Sindijornaleros. Estas organizaciones protagonizaron importantes luchas laborales que transformaron las condiciones económicas, sociales y políticas de los trabajadores bananeros en Urabá.

“Esas movilizaciones –explicó– permitieron que los trabajadores y trabajadoras adquirieran también protagonismo político, logrando representación en concejos municipales, asambleas departamentales, alcaldías e incluso en el Congreso de la República”.

En ese contexto, la región –que en los años ochenta todavía era una zona de colonización– vio consolidarse una fuerte organización social. La presencia del movimiento sindical y de organizaciones insurgentes como el EPL contribuyó, según Agudelo, a generar cohesión entre poblaciones campesinas recién llegadas.

Muchas de esas comunidades participaron en procesos de ocupación de tierras que permitieron adjudicar más de 12.000 hectáreas a campesinos en el eje bananero.

Ese crecimiento político y social también generó fuertes reacciones violentas. Tras la desmovilización del EPL, algunos sectores armados consideraron el proceso como una “traición” a la causa revolucionaria.

A partir de entonces se intensificaron los ataques por parte de disidencias del EPL y del Quinto Frente de las FARC, además de acciones provenientes de estructuras paramilitares y de agentes estatales.

Para Agudelo, el pronunciamiento de la JEP de diciembre pasado representa un avance en la búsqueda de verdad, pero aún resulta parcial y a destiempo.

“Deja un sabor agridulce porque los hechos eran evidentes y ampliamente documentados por la prensa. En una sociedad justa no debería ser necesario pedir que se reconozca un exterminio que fue tan visible”, afirmó.

Entre los hechos que todavía esperan reconocimiento se encuentran atentados contra dirigentes sindicales, ataques individuales contra militantes del movimiento, agresiones contra proyectos productivos y ataques contra espacios educativos donde asistían desmovilizados del EPL.

Agudelo también recordó que el proceso de búsqueda de justicia no es reciente. Desde hace varios años, organizaciones como Esperanza, Paz y Libertad y SINTRAINAGRO han presentado informes ante distintos mecanismos de justicia transicional.

Uno de esos escenarios fue el tribunal de Justicia y Paz, creado tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2005. En ese espacio judicial se logró el reconocimiento de 832 víctimas, la mayoría afiliadas a SINTRAINAGRO y militantes del movimiento político.

Posteriormente, en 2021, las organizaciones presentaron un informe ante la JEP solicitando también el reconocimiento de SINTRAINAGRO y Esperanza, Paz y Libertad como víctimas colectivas y sujetos de reparación. Sin embargo, ese reconocimiento no fue incluido explícitamente en el auto reciente.

“Nosotros estamos exigiendo que, a partir de ese pronunciamiento, se reconozca explícitamente a Esperanza, Paz y Libertad y a SINTRAINAGRO como víctimas de exterminio político y como sujetos de reparación colectiva”, subrayó.

Agudelo también señaló que el modelo de justicia de la JEP tiene limitaciones que dificultan el esclarecimiento total de los hechos.

“La JEP juzga principalmente a los máximos responsables y no a todos los ejecutores de los crímenes. Eso dificulta mucho la reconstrucción completa de la verdad”, explicó.

A pesar de esas limitaciones, tanto el EPL como SINTRAINAGRO, insisten en continuar participando activamente en el proceso judicial.

“Es importante seguir acreditados y con representación judicial. Vamos a seguir dando la pelea hasta el final”, concluyó Agudelo.