En Lavalle, Corrientes, Argentina, el veneno tenía nombre técnico: Alfaendosulfán. Pero en la memoria de un pueblo quedó con otro nombre: Nicolás.

Tenía apenas cinco años. Corría, jugaba, como juegan los niños en los bordes de los campos hortícolas donde la tierra se mezcla con los químicos y los tomates crecen bajo plástico. Era marzo de 2011 cuando Nicolás Arévalo y su prima Celeste Estévez jugaban cerca de una chacra tomatera en Puerto Viejo. Allí había quedado un charco. No era agua. Era veneno.

El productor hortícola Ricardo Nicolás Prieto había fumigado con un pesticida organoclorado altamente tóxico. Según reconstruyó la justicia, la fumigación se realizó sin controles adecuados, con las cortinas de los invernaderos abiertas y con desechos del agroquímico acumulados en una zanja. El viento hizo el resto: dispersó los vapores hacia las zonas cercanas donde jugaban los niños.

Nicolás inhaló el veneno. También lo tocó. Días después murió por un edema agudo de pulmón provocado por intoxicación con endosulfán. Celeste sobrevivió tras meses de internación y arrastra secuelas hasta hoy.

La escena parece simple, brutal en su claridad: una fumigación irresponsable, un químico extremadamente peligroso y dos niños expuestos. Pero lo que siguió fue otra historia, mucho más larga. La justicia argentina tardó casi década y media en cerrar el círculo.

En 2016 el productor fue absuelto en un primer juicio. La familia de Nicolás apeló. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes anuló aquella decisión y ordenó un nuevo proceso. Finalmente, en 2020 un tribunal penal de Goya condenó a Prieto a tres años de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas. La pena fue en suspenso.

La defensa siguió apelando. El expediente subió escalones judiciales hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal rechazó el último recurso y dejó firme la condena. En 2026 el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes volvió a ratificarla. Tres años de prisión condicional por la muerte de un niño.

Para la familia, para las organizaciones socioambientales y para los pueblos fumigados del país, el fallo tiene dos lecturas: llega tarde y sabe a poco. Pero también marca un precedente.

Es una de las pocas condenas penales contra un productor por los efectos de los agrotóxicos en Argentina.

El insecticida involucrado, el endosulfán, era habitual y ampliamente utilizado en cultivos intensivos de frutas y hortalizas. Durante años fue denunciado por sus efectos neurotóxicos y su persistencia en el ambiente.

Paradójicamente, el químico fue prohibido en Argentina recién después de la muerte de Nicolás, cuando el país adoptó el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Para entonces el daño ya estaba hecho.

Lavalle, la localidad donde ocurrió la tragedia, forma parte de una de las principales cuencas hortícolas del nordeste argentino. Allí las fumigaciones son parte de la rutina productiva. Es “lo normal”. Los agrotóxicos circulan con naturalidad entre los invernaderos, las casas y las zanjas de drenaje. En ese paisaje, la línea entre el cultivo y la vida cotidiana es casi inexistente.

El fallo contra Prieto no sólo juzga un hecho puntual, también desnuda una lógica más amplia. Durante décadas el uso de agrotóxicos creció exponencialmente en la agricultura argentina sin controles efectivos en zonas pobladas. Las denuncias por intoxicaciones, enfermedades y contaminación ambiental se repiten en distintas provincias. Sin embargo, los procesos judiciales rara vez prosperan.

Por eso el fallo del caso Nicolás se convirtió en símbolo. No porque repare el daño —eso es imposible— sino porque abre una fisura en la inercia histórica de impunidad. La sentencia dice algo que durante años se intentó negar: fumigar sin control mata.

En Lavalle, el lugar donde Nicolás cayó en aquella zanja ya no es sólo un accidente rural. Es una frontera invisible entre dos modelos.

De un lado, la lógica productiva que naturaliza los tóxicos como parte inevitable del progreso agrícola. Del otro, la vida cotidiana de quienes habitan esos territorios: niños que juegan, familias que viven y comunidades que respiran el mismo aire que atraviesa los cultivos.

Quince años después, la justicia puso un punto final en el expediente. Pero el debate recién empieza. Porque la amenaza sigue abierta, flotando sobre los campos fumigados de América Latina.

¿Cuántos Nicolás y Celestes más hacen falta para que el veneno deje de ser “lo normal”?