El bipartidismo hondureño, como brazo político de la cúpula empresarial que detenta el poder fáctico en Honduras, afina su estrategia para recuperar el control total y absoluto de la institucionalidad.

Para hacerlo ha montado uno de los fraudes electorales más burdos que le ha tocado vivir al pueblo hondureño, logrando instalar, con el aval de Estados Unidos y la ultraderecha latinoamericana, a un presidente, a una amplia mayoría parlamentaria y de gobiernos municipales sin siquiera terminar de contar los votos, ni resolver impugnaciones y recursos.

Esto significa un nuevo impulso para el modelo neoliberal extractivista, reduciendo aún más el Estado, privatizando servicios y bienes comunes, acaparando y rematando territorios, precarizando ulteriormente el mercado laboral.

Para lograr sus objetivos necesitan depurar las instituciones de quienes no comparten estos fines. Ya son más de 9 mil los trabajadores despedidos en el sector público, mientras que se ha desatado una verdadera cacería contra funcionarios afines al pasado gobierno de Xiomara Castro.

La herramienta privilegiada para hacerlo es el “juicio político” y los principales objetivos son el fiscal general Johel Zelaya, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando y el miembro titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

La embestida comenzó este 23 de marzo, cuando el fiscal general fue acusado de un sinnúmero de delitos, suspendido del cargo y convocado ante una comisión especial que presentará un dictamen para que el plenario decida, por mayoría calificada, si separarlo definitivamente, dando paso a un posible requerimiento fiscal en su contra.

Una situación cuanto menos paradójica, ya que a juzgarlo serán los mismos que han sido señalados como parte del fraude y que el fiscal general está investigando.