La situación en el frigorífico de Tarariras, una de las principales fuentes de empleo de esa ciudad del departamento de Colonia, es de espera, tras la asamblea realizada el 25 de marzo, que contó con una masiva participación de trabajadores y trabajadoras.

Luego de un proceso de análisis y debate, la asamblea resolvió rechazar casi por unanimidad la propuesta presentada por la empresa, que suponía, entre otros puntos, una reestructura del personal que afectaría a más de 100 obreros, así como la revisión del convenio colectivo vigente.

En febrero, la transnacional brasileña adelantó la licencia reglamentaria de todo el personal.

Al ser convocada por el sindicato para explicar la medida, la empresa argumentó que la planta no es competitiva y que la plantilla (cercana a las 800 personas) supera las necesidades actuales. Además, advirtió que, al estar vencido el convenio colectivo, será necesario revisar sus condiciones.

Las discrepancias con Alpec no son nuevas. Uno de los puntos de tensión más recientes fue la negativa del sindicato a aceptar un aumento en la cantidad de ganado para faena manteniendo el mismo número de trabajadores en la línea de producción.

Desde el gremio sostienen que no se oponen a incrementar la actividad, siempre que no implique una sobrecarga para el personal.

Subrayan que esta postura no responde a un capricho, sino a condiciones estructurales del sector. La industria frigorífica en Uruguay presenta altos índices de accidentes y enfermedades laborales, principalmente por movimientos repetitivos, exigencia física constante, exposición al frío y riesgos químicos y biológicos. (Ver: https://tinyurl.com/y6kz3v37).

En ese sentido, el directivo de Alpec, Richard Chevalier, cuestionó las versiones contradictorias y situaciones de desinformación que, según afirmó, han surgido desde la empresa, contribuyendo a generar incertidumbre y tensiones dentro del colectivo de trabajadores.

Por su parte, Martín Cardozo, presidente de FOICA y presente en la asamblea del 25 de marzo, señaló a La Rel que la propuesta de la empresa resulta insuficiente, algo que –remarcó– quedó claramente expresado en la votación.

“Cabe recordar que la empresa había condicionado el reinicio de las actividades a la aceptación de su propuesta. La realidad es que, una vez finalizada la licencia los trabajadores serán enviados al seguro de paro. Esto abrirá un margen para elaborar una contrapropuesta e iniciar un proceso de negociación sobre lo que ya es un hecho: una reestructura laboral y salarial”, explicó Cardozo.

El conflicto no solo impacta en quienes trabajan directamente en el frigorífico, sino que también genera preocupación en toda la comunidad de Tarariras, debido a la importancia de la planta en la economía local.

Una eventual reducción de la actividad o el envío masivo al seguro de paro podría repercutir en el comercio, los servicios y la dinámica social de la zona.

La decisión adoptada en asamblea marca así el inicio de una nueva etapa, con expectativas centradas en que el diálogo permita acercar posiciones y encontrar una salida que garantice la estabilidad laboral y la continuidad de la actividad productiva, en un sector que atraviesa una de sus crisis más complejas de los últimos años.