Para el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), la actual embestida es una maniobra “para tomar el control del sistema de justicia, utilizando el Ministerio Público como pieza clave para garantizar la impunidad con la que históricamente ha operado el partido colocado ilegalmente en el poder”.

“Lo que estamos viendo” explica Bertha Oliva, coordinadora de la histórica organización de derechos humanos, “es un nuevo golpe, una acción que responde a persecución política y que busca frenar el avance democrático del país. Hoy es un día de indignación nacional y no podemos quedarnos en silencio”.

El caso de Marlon Ochoa (consejero del Consejo Nacional Electoral – CNE) quien antes, durante y después de los comicios no escatimó críticas a la gestión de sus colegas Ana Paola Hall y Cosette López, vinculadas al bipartidismo, señalando la trama subversiva urdida por los poderes fácticos de Honduras, es aún más delicado.

“El objetivo de los sectores más conservadores es recuperar el control absoluto de las instituciones y, desde ahí, aniquilar la oposición política y social. Para ello, deben deshacerse de quienes son obstáculo para su proyecto”, explicó Ochoa a La Rel.

Según la ley electoral, a Ochoa le corresponde asumir la presidencia del CNE el próximo mes de septiembre. Algo que las fuerzas ultraconservadoras quieren evitar a toda costa.

“Saben que tengo las pruebas de todo lo que han hecho, de todas las presiones recibidas dentro y fuera de Honduras para que se manipulara el voto. Saben también que lo primero que haré como presidente será iniciar una investigación interna sobre las responsabilidades de mis colegas y sus cómplices.

Por eso —continuó Ochoa— no quieren que siga haciendo mi trabajo. Aquí no se trata de un proceso político, ni de justicia, sino de persecución y venganza”.

Denunciar públicamente que hay personas ocupando cargos electivos sin haber obtenido los votos para ello, que se está preparando el terreno para el regreso de Juan Orlando Hernéndez al país y su postulación a las elecciones de 2029, y que, sospechosamente, se está acelerando el proceso de destrucción de todo el material electoral, puede acarrear serios problemas.

“Esta gente no va a respetar el procedimiento de ley del juicio político, ni el derecho que tengo a presentar los descargos. Lo van a ser rápidamente, separándome de mi función, acusándome formalmente, encarcelándome y mandándome a asesinar”, explicó Ochoa.

Para proteger su vida, el Cofadeh presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“A pesar de las amenazas y la persecución, sigo adelante con la frente en alto. No tengo nada que ocultar y voy a dar la batalla. Si algo quedará claro es que se trata de una conspiración urdida por los que se creen dueños de Honduras”, concluyó.