Después de un proceso electoral marcado por un sinfín de irregularidades, actos de intimidaciones e injerencia externa, el bipartidismo hondureño ha desatado una campaña feroz para restaurar el control total y absoluto de la institucionalidad.

Miles de trabajadores y trabajadoras del sector público han sido despedidos, se han aprobado leyes y decretos que profundizan las medidas neoliberales, y funcionarios que han denunciado el fraude electoral y la corrupción de los partidos tradicionales son víctimas de persecución.

En estas horas, la aplanadora bipartidista en el Congreso Nacional, usando la herramienta del “juicio político”, está echando a andar su plan para acabar con cualquier presencia contraria a sus intereses en las principales instituciones.

Blancos de persecución y venganza son el fiscal general Johel Zelaya, ya separado de sus funciones, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, quien tuvo que renunciar al cargo, y el consejero titular del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa.

Especialmente vengativa es la acometida contra Ochoa, quien antes, durante y después de los comicios ha denunciado las debilidades del proceso electoral, así como las incontables irregularidades y los planes para gestar un fraude de gigantescas dimensiones.

Ochoa ha denunciado un plan que se estaría orquestando desde el Congreso Nacional y el Ministerio Público para despojarlo de sus funciones, enjuiciarlo, enviarlo a la cárcel y asesinarlo.

Nuestras organizaciones se solidarizan con el consejero Marlon Ochoa y demás funcionarios que están siendo víctimas de injustas represalias y procedimientos ilegales.

Instamos al Estado de Honduras a detener este proceso persecutorio que violenta leyes nacionales y convenios internacionales, exponiendo una vez más al país a una grave crisis de derechos y a fuertes tensiones sociales.