“Bolivia quiso unirse a la llamada ‘república de la soja’ cuando en 2005 aprobó el uso de soja transgénica RR. Más de 20 años después, el cereal se ha vuelto la estrella exportadora del sector agrícola, llevando al gobierno a oficializar en marzo otra semilla genéticamente modificada, la HB4”, señala el diario español El País en un informe que consagró al tema el lunes 11.

Por república de la soja se entiende comúnmente al espacio conformado por las zonas agrícolas de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, que tienen en esa oleaginosa, en casi totalidad transgénica, a su producto rey.

La explotación de ese “oro verde” llena los bolsillos de sus promotores agroindustriales, pero genera muy escaso nivel de empleo y |muy nocivos efectos ambientales y sobre la salud de los trabajadores agrícolas por su modo de producción altamente dependiente del empleo de plaguicidas y otros agrotóxicos.

Es el caso de la nueva soja HB4, que, recuerda El País citando al investigador y economista ambiental Stasiek Czaplicki, “viene acompañada de una serie de agentes químicos, como el plaguicida glufosinato de amonio, no se trata solo de una semilla sino de un paquete tecnológico que permite fumigar el cultivo con un herbicida más tóxico sin dañarlo.

Esto responde a un problema generado por el propio modelo agroindustrial: el uso intensivo de herbicidas como el glifosato ha favorecido la aparición de malezas resistentes y la respuesta ha sido escalar hacia agroquímicos más fuertes”, dice Czaplicki.

De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre 2005-2022 Bolivia quintuplicó su importación de agrotóxicos, entre ellos más de una decena que están prohibidos en distintos países por su elevada toxicidad, incluido el glufosinato de amonio.

La importación de plaguicidas y herbicidas es alentada por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) en nombre de la “necesidad de aumentar la competitividad del país frente a sus vecinos y los rendimientos agrícolas”.

Los empresarios sojeros tienen fuerte respaldo en el gobierno derechista de Rodrigo Paz, asumido hace menos de seis meses.

El propio ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero, fue presidente de ANAPO hasta antes de integrarse al gabinete, mientras el titular de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Justiniano, dirigió la Cámara Agropecuaria de Industria.

“Tenemos conocimiento de que ha existido presión desde el agronegocio para que el gobierno aplique procedimientos abreviados” para la aprobación de eventos transgénicos, denunció Elizabeth Vargas, de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.

La investigadora mencionó estudios, entre ellos uno del año pasado del Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, que destacan la alta contaminación de la producción agrícola boliviana por plaguicidas y herbicidas particularmente dañinos.

“Vamos hacia un modelo cada vez más intensivo en el empleo de agrotóxicos, y por ende cada vez más peligroso para los seres vivos y el ambiente”, subrayó.