La revuelta popular, que involucró a organizaciones sindicales, de campesinos e indígenas, dejó un saldo de al menos catorce muertos, según la Defensoría del Pueblo, y demostró la capacidad de la sociedad boliviana para movilizarse.

El fin de semana el Ejecutivo decretó el estado de emergencia al que lo conminaba cada vez más insistentemente la derecha política y social y al que lo había habilitado un parlamento dominado por las fuerzas conservadoras y desmontó los bloqueos de rutas con ayuda de las fuerzas armadas.

Jugó a su favor el cansancio de parte de la parte de la población afectada por la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos producto de las paralizaciones de algunas de las principales vías de comunicación del país, fundamentalmente en los alrededores de la capital.

Buena parte de los habitantes de La Paz y su vecina El Alto viven de la economía informal.

El gobierno logró además dividir a las organizaciones movilizadas, pactando con algunas y procurando aislar a otras.

Grupos campesinos e indígenas y en particular los cocaleros que responden al ex presidente Evo Morales fueron los últimos en dejar las calles. “Es una tregua, no una rendición”, dijo Morales desde su feudo y refugio del Chapare.

El gobierno insistió durante estos dos meses en responsabilizar al ex presidente indígena de las protestas, cosa que todos los representantes de las organizaciones sociales rechazaron, remarcando que el epicentro de las movilizaciones fueron zonas en las que Morales tiene una fuerza relativa.

“No hay en este movimiento una dirección única, ni mando único, ni cabeza visible única” y en eso reside parte de su potencia, dijo en su momento la dirigente social María Galindo.

Galindo subrayó que una de las consecuencias de la masividad de las protestas fue que el gobierno perdió el capital político con el que asumió hace apenas seis meses prometiendo mejorar el nivel de vida de la población.

Las zonas del país donde las protestas llegaron a puntos más altos fueron aquellas donde Paz obtuvo sus mejores resultados en noviembre.

Una franja considerable de esos electores prestados que logró captar Paz tras el desmoronamiento del Movimiento Al Socialismo, hegemónico en el país por 15 años, percibieron que las promesas del presidente eran cáscara vacía y que gobernaría en base a un programa neoliberal más o menos clásico.

«El hecho de que Paz haya resistido tantas semanas de conflicto no necesariamente debe interpretarse como una señal de fortaleza. Más bien puede leerse como una muestra de debilidad», dijo a su vez a la alemana Deutsche Welle la politóloga boliviana Daniela Osorio.

Es probable que el presidente vuelva a ser impugnado en las calles en la medida en que insista con implementar el plan de gobierno para el cual cuenta con el respaldo de la derecha, a nivel interno, y de Estados Unidos, desde fuera, consideró la socióloga.

Donald Trump dejó muy en claro que en Bolivia su respaldo va a Paz, como en Colombia va a Abelardo de la Espriella, en Chile a José Antonio Kast, en Argentina a Javier Milei, en Brasil al clan Bolsonaro, en El Salvador a Nayib Bukele, y así.

Osorio destacó por otro lado la atomización del movimiento social boliviano, cuyos actores coincidieron en reclamar la renuncia del presidente, pero se dispersó en reivindicaciones sectoriales.

Cuando todo despuntaba, María Galindo advertía que una condición para que triunfara a largo plazo era que lograra presentar a la sociedad boliviana “una agenda política colectiva inteligible, dejando atrás las divisiones que lo han debilitado en los últimos tiempos”.

Es materia pendiente.