Es cuanto afirma la Confederación Sindical Internacional (CSI – ITUC) en su Índice Global de Derechos 2026, detallando un aumento de cinco puntos porcentuales en las violaciones de la libertad de expresión y de reunión, de seis puntos en los casos de agresiones violentas y de tres puntos en los ataques a las libertades civiles contra trabajadores, trabajadoras y sindicalistas.

En el análisis se pusieron de manifiesto tres tendencias: la persecución de los dirigentes sindicales, el uso de sistemas de vigilancia para controlar al personal y rastrear las actividades sindicales, y la falta de consulta a los representantes de los trabajadores en los procesos de reforma de la legislación laboral.

Los diez países en los que trabajadores y sindicalistas sufren más la violación de sus derechos son Argentina, Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Eswatini (antes Suazilandia), Myanmar, Nigeria, Panamá, Túnez y Turquía.

El turbocapitalismo de Javier Milei y José Raúl Mulino hace que Argentina y Panamá respectivamente entren por primera vez en la lista negra.

Para la Rel UITA, ambos países conjuntamente con Honduras representaron el 82 por ciento de las acciones de denuncia y solidaridad en 2025.