Titulada “Presencia de glifosato en alimentos distribuidos a través de programas sociales destinados a poblaciones vulnerables en Perú y Uruguay” y publicada en la revista Salud Colectiva, la investigación fue realizada por el biólogo Claudio Martínez, de la Universidad de la República de Uruguay, y Susana Ramírez, del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España.

Según dijo al diario uruguayo La Diaria Martínez, que es también integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, los resultados del trabajo, si bien son “preliminares” son también “altamente preocupantes”.

La intención de ambos era determinar si había presencia de glifosato y en qué cantidades en alimentos distribuidos en el marco de programas sociales aplicados en los dos países estudiados: la Canasta de Emergencia Alimentaria implementada en 2024 por la Intendencia del departamento uruguayo de Maldonado y la canasta del programa social peruano Qali Warma, tal como se aplicó en 2023.

En Uruguay tomaron muestras de 12 alimentos (pasta seca al huevo, harina de trigo, lentejas, avena laminada, cacao, atún claro proveniente de Ecuador, aceite de soja proveniente de Brasil, arroz patna, pulpa de tomate, azúcar blanco refinado, polenta y leche en polvo entera) y en Perú de otros cinco (latas de leche, latas de pavo, paquetes de galletas de trigo, granos de arroz y granos de maíz a granel para animales).

“Los resultados evidenciaron presencia de glifosato en tres de cuatro muestras analizadas correspondientes al programa Qali Warma y en ocho de 12 muestras asociadas al programa uruguayo, registrándose en algunos casos concentraciones superiores a los límites máximos de residuos establecidos por el Codex Alimentarius”, destacaron, según reportó la diaria.

En Uruguay el glifosato es habitualmente detectado en productos transgénicos tratados con ese herbicida cuya producción está autorizada en el país, como maíz y soja.

Pero ninguno de los alimentos examinados en este trabajo derivan de ese cereal y de la oleaginosa. Y sin embargo el matador serial de malezas, bacterias y hierbas presente en el Roundup, el herbicida más comercializado en el planeta, también asomó la cola en este análisis. Y cómo: en la avena laminada se lo halló en niveles superiores al rango medible.

“¿Por qué si (en Uruguay) no hay trigo transgénico, en la pasta de trigo al huevo hay glifosato?”, planteó. Una pregunta similar se formuló para el caso de la leche en polvo, en cuya muestra el glifosato superó 166 veces el máximo permitido. “No sé por qué el glifosato está ahí. Quizás lo que está reflejando es la dieta de las vacas”, le dijo el científico a un periodista de la diaria.

Y contó que, en años pasados, “además de estos análisis”, realizó “experimentos y análisis de productos que exceden a los de la canasta” y que puede asegurar que “también en ellos hay glifosato”.

Su conclusión es clara: “aquí incide el modelo de producción, el uso extendido del glifosato como herbicida general y, por otro lado, el uso de herbicidas como desecantes precosecha”.

Lo que está en cuestión, afirma, “son las prácticas agrícolas, el modo de producción en el campo. No es lo que pasa en la fábrica, no es lo que pasa en la cadena de distribución, no es lo que pasa en los supermercados; esto viene del origen”.

Ya nadie debería poder negar lo que a esta altura son evidencias. Y, sin embargo.

Hace apenas una década las autoridades respondían, en concordancia con las empresas del sector –en Uruguay, en Perú, en todos lados– que “el glifosato desaparecía una vez que lo ponías en el suelo, que tenía baja persistencia. Después se discutía si era tóxico o no, y hoy está categorizado como probablemente cancerígeno por la OMS”.

Martínez apunta: “hay una realidad que está emergiendo. Este modelo de producción, desde el punto de vista de la salud socioambiental, no es sostenible”.

Siendo tanto Uruguay como Perú países agroexportadores, “se debería revisar la forma en que producimos, porque acá está la prueba científica de que lo que se echa en el campo no queda en el campo”, subrayó.

Pero no se hace. A Martínez no solo le indignan estos resultados, sino que, no se apliquen alternativas que están prácticamente al alcance de la mano.

Habiendo en Uruguay “un Plan Nacional de Agroecología, que apunta a otro tipo de producción, me da doble rabia porque ese plan no se apoya lo suficiente como para que tenga llegada masiva a la población. Algunos afortunados tenemos acceso a producción orgánica, pero no toda la gente lo tiene”, dijo.

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