El Tribunal Regional del Trabajo de la 12ª Región anuló por unanimidad el proceso administrativo que había confirmado el auto de infracción relacionado con el rescate de Sônia de condiciones análogas a la esclavitud en la residencia del magistrado del Tribunal de Justicia de Santa Catarina Jorge Luiz de Borba.

Como consecuencia, su esposa, Ana Cristina Gayotto de Borba, fue retirada de la denominada “lista sucia” del trabajo esclavo. La decisión puede ser apelada y tanto la Procuraduría General de la Unión como el Ministerio Público del Trabajo ya anunciaron que lo harán.

Es fundamental señalar que el fallo refiere a la validez del procedimiento administrativo y no constituye, por sí mismo, una declaración de que Sônia no haya sido víctima de condiciones análogas a la esclavitud.

El rescate de Sônia fue realizado en 2023 por un operativo integrado por organismos de fiscalización laboral, el Ministerio Público del Trabajo, el Ministerio Público Federal, la Defensoría Pública de la Unión y la Policía Federal.

Pero hay algo todavía más profundo que la discusión estrictamente procesal.

¿Dónde queda Sônia?

La pregunta parece sencilla. La respuesta, en cambio, vuelve a ser dolorosa.

Sônia fue separada de su familia cuando era niña. Durante décadas permaneció en una casa ajena, privada de derechos fundamentales, educación, autonomía y de las condiciones necesarias para construir una vida independiente.

Mujer negra, sorda y víctima de trabajo infantil y doméstico en condiciones análogas a la esclavitud, su historia concentra algunas de las formas más brutales de desigualdad que persisten en la sociedad brasileña.

Décadas. Ese es el tiempo que transcurrió mientras su vida quedaba confinada al espacio doméstico de otra familia.

Décadas en las que la infancia se convirtió en trabajo, la dependencia en una forma de control y el aislamiento en una barrera para ejercer derechos que deberían haber sido garantizados por el Estado.

Su caso debería haber significado una ruptura. Un rescate debería haber sido el comienzo de su libertad, de su reparación y de su reencuentro con su familia.

Sin embargo, después del operativo de 2023, Sônia fue nuevamente llevada a la residencia de la familia de la que había sido rescatada, una decisión que provocó fuertes cuestionamientos de organismos nacionales e internacionales.

Otra vez

La campaña internacional #SoniaLivre, impulsada por sus hermanos y acompañada por organizaciones sindicales y de derechos humanos, nació precisamente para impedir que esa situación fuera naturalizada por el silencio y la indiferencia.

Hoy, una nueva decisión judicial vuelve a colocar en el centro del debate el funcionamiento de las instituciones encargadas de proteger a quienes se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.

No podemos aceptar que las garantías procesales de quienes son señalados como responsables terminen convirtiéndose, en la práctica, en un nuevo obstáculo para la reparación de la víctima.

La defensa del debido proceso es inseparable de la defensa de los derechos humanos.

Pero un Estado democrático debe ser capaz de garantizar simultáneamente ambos principios y, sobre todo, asegurar que una persona rescatada de una situación de explotación no vuelva a quedar atrapada en ella.

El caso Sônia también obliga a mirar más allá de una persona y de una familia.

Obliga a preguntarnos qué ocurre cuando las estructuras de poder, las jerarquías sociales y las instituciones que deberían proteger a las víctimas se encuentran atravesadas por las mismas desigualdades que permiten la explotación.

Un emergente

Por eso, la lucha por Sônia no es solamente una lucha contra el trabajo esclavo. Es una lucha contra el racismo estructural, contra el capacitismo, contra la explotación del trabajo doméstico, contra el trabajo infantil y contra toda forma de violencia que prive a una persona de su autonomía y de su dignidad.

Tanto la Secretaría Regional de la UITA como su Comité Latinoamericano de Mujeres (Clamu) y las organizaciones afiliadas se sumaron a la campaña internacional por la libertad de Sônia, que lleva casi tres años activa. Una resolución en apoyo de la campaña fue aprobada en la 41ª Reunión Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA, el pasado 11 de agosto en Buenos Aires.

La causa también alcanzó a las Naciones Unidas, cuyo relator especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud recomendó al Estado brasileño garantizar los derechos de Sônia, su rehabilitación y las reparaciones correspondientes.

A pesar de todas estas acciones Sônia sigue siendo víctima una y otra vez. Por eso vamos a continuar denunciando al mundo este caso, porque la justicia no puede limitarse a determinar si un expediente fue correctamente tramitado. La justicia debe garantizar que una víctima de esclavitud sea efectivamente libre, reparada y protegida.

Reafirmamos nuestra solidaridad con Sônia Maria de Jesus y con su familia y llamamos a nuestras organizaciones afiliadas y a las organizaciones hermanas de América Latina y del mundo a mantener viva la campaña #SoniaLivre.

Le robaron casi una vida entera. No permitamos que ahora le roben también la esperanza.