Hay empresas que innovan en sus procesos productivos. Otras lo hacen en la forma de administrar los conflictos laborales. La Constancia, subsidiaria de AB InBev y Coca Cola en El Salvador, parece haber encontrado una fórmula original. Después de que el sindicato SITRACONSTA y la Rel UITA denunciaran públicamente que varios trabajadores de Coca Cola fueron despedidos utilizando el polígrafo como “medio de prueba”, la solución no fue abandonar la práctica.

Tampoco decidió investigar con pruebas, respetar el debido proceso o aceptar que una máquina no reemplaza a una investigación seria.

Encontró una solución mucho más creativa: pedirle al trabajador que firme un consentimiento antes de someterse al examen.

La genialidad merece reconocimiento.

Para la empresa, un derecho dejaría de ser vulnerado si la víctima firma un papel. Es una teoría revolucionaria del derecho laboral. Si mañana alguien firma que acepta trabajar dieciocho horas diarias o renunciar a su salario, ¿también quedaría todo resuelto? ¿Bastará una firma para derogar el Código de Trabajo?

La lógica parece ser esa.

Naturalmente, el consentimiento tiene un pequeño detalle: se solicita dentro de una relación donde una de las partes posee el empleo, el salario, la estabilidad económica y el poder de despedir. Y la otra, básicamente, la necesidad de conservar su trabajo.

Pero no exageremos. Seguramente esa diferencia de poder no influye en absoluto. El trabajador puede decir “no” con absoluta libertad. Exactamente igual que un pasajero puede negarse a usar un paracaídas cuando el avión ya perdió las alas.

El formulario tiene además una ventaja adicional: desplaza el centro de la discusión. Ya no se habla del carácter cuestionable del polígrafo ni de su falta de valor para establecer responsabilidades. Ahora el debate gira en torno a si el trabajador aceptó o no aceptó someterse al procedimiento.

Es una vieja estrategia: cuando la práctica resulta difícil de defender, se intenta blindarla con un documento. El papel pasa a ser más importante que el derecho. Sin embargo, la realidad es bastante menos sofisticada.

Un consentimiento obtenido bajo una evidente desigualdad de poder difícilmente convierte en legítima una práctica que sigue siendo cuestionable. Cambia el envoltorio, no el contenido.

El polígrafo continúa siendo el mismo aparato incapaz de distinguir entre un mentiroso y una persona nerviosa, preocupada o simplemente asustada. La sospecha sigue reemplazando a la prueba. Y la investigación, cuando existe, continúa empezando por el final: primero aparece el sospechoso y después se buscan las razones.

Quizás el próximo paso sea todavía más innovador.

Además del consentimiento para el polígrafo, la empresa podría solicitar otro documento donde el trabajador declare que, si la máquina decide que miente, acepta ser despedido, perder su indemnización y agradecer la oportunidad de haber participado del procedimiento.

Total, una firma nunca está de más.

Porque cuando una empresa necesita el consentimiento del trabajador para justificar lo injustificable, tal vez el verdadero detector de mentiras ya no sea el polígrafo. Es el propio formulario.