Mientras el gobierno del presidente José Raúl Mulino acelera la agenda neoliberal, impulsa la reactivación de megaproyectos extractivos y firma controvertidos acuerdos internacionales en materia de seguridad, desde las entrañas del Estado resurgen los métodos más oscuros de la doctrina de seguridad nacional.

Ese fantasma nunca del todo enterrado del antiguo G-2, el aparato de inteligencia de la dictadura militar, y la época de las “escuchas” telefónicas parecen hoy haber cambiado de apariencia.

Incluso recurren a la elaboración de perfiles digitales y a la infiltración policial en los movimientos de oposición, pero conservan el mismo objetivo: criminalizar la disidencia y desarticular la resistencia popular.

A principios de septiembre, las organizaciones reunidas en la coalición Pueblo Unido por la Vida, respaldadas por defensores de los derechos humanos y organizaciones internacionales, rompieron el silencio y presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación.

Las pruebas son tan detalladas como inquietantes: un voluminoso expediente que contiene fotografías, nombres, rangos, cargos y placas de identificación que revelarían el funcionamiento de una verdadera estructura clandestina estatal, dedicada al seguimiento, la infiltración y el sabotaje de los movimientos de oposición.

Según los portavoces de la coalición, los agentes identificados e infiltrados de manera generalizada en sindicatos, grupos estudiantiles, comunidades indígenas, campesinas y movimientos ambientalistas serían al menos 24, pero podrían llegar a ser el doble.

No se trata, por lo tanto, de simples episodios aislados de vigilancia durante las marchas y las movilizaciones en las calles, sino de una persecución asfixiante, planificada y dirigida: fichaje de los líderes, rastreo de sus vehículos, monitoreo constante de sus viviendas y, lo que es aún más grave, el control sistemático de sus familiares más cercanos, incluidos ancianos y menores.

“Hemos descubierto agentes que desde hace años se habían infiltrado en las organizaciones, con actitudes radicales y violentas, dedicados a perfilar a los líderes, a crear divisiones internas en el movimiento y a propiciar las condiciones para su criminalización, persecución y detención”, dicen las organizaciones.

“Se trata de una infiltración burda que viola todos los parámetros legales, constitucionales y convencionales”, explicó a La Rel Jorge Guzmán, abogado y coordinador del Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso).

El esquema del lawfare es tan simple como perverso: los agentes infiltrados alimentan expedientes sin ninguna autorización judicial previa, fabrican supuestos ficticios de delito y transmiten todo a las fiscalías.

De esta manera, la policía se convierte en juez y parte, construyendo de manera artificial las acusaciones para justificar registros en sedes oficiales o, peor aún, en los hogares de líderes sindicales y sociales.

¿El resultado? Más de cien trabajadores de la construcción, decenas de jóvenes activistas, maestros y defensores del medio ambiente sometidos a procesos penales y administrativos viciados desde el inicio.

“Las pruebas desnudan una estructura operativa con un despliegue territorial planificado. Estamos trabajando para solicitar la nulidad de los procesos y de las condenas impuestas en estos años”, declaró Guzmán.

La gravedad del escándalo ya ha traspasado fronteras. Además de presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público, los movimientos ya han enviado una comunicación formal a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas y remitido el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Exigen una investigación exhaustiva e independiente.