La Corte Especial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil resolvió homologar la sentencia italiana que condenó a prisión perpetua al coronel retirado del Ejército uruguayo Pedro Antonio Mato Narbondo, naturalizado brasileño, por su participación en el asesinato de ciudadanos ítalo-uruguayos en Argentina, en junio de 1976, en el marco del Plan Cóndor, el sistema de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.

Mato Narbondo, de 85 años, es hijo de una brasileña, obtuvo la ciudadanía en 2003 y reside en Santana do Livramento, ciudad fronteriza con Uruguay. Al ser ciudadano brasileño, no podía ser extraditado para cumplir la condena en Italia.

Por mayoría de votos, el STJ autorizó la ejecución de la pena en Brasil y conmutó la prisión perpetua por 30 años de reclusión, el máximo previsto por la legislación brasileña para este caso. El juicio concluyó este miércoles 21 y prevaleció la posición del relator, el ministro Sebastião Reis Júnior.

La resolución constituye un precedente relevante para el juicio de graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante las dictaduras latinoamericanas.

El Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) de Porto Alegre participó en el proceso judicial como amicus curiae, aportando argumentos en favor de la homologación de la sentencia extranjera.

Su intervención forma parte de una larga trayectoria de denuncia de los crímenes de las dictaduras y de lucha contra la impunidad en la región.

Para Jair Krischke, presidente del MJDH, referente histórico de la defensa de los derechos humanos en el Cono Sur y asesor de la Rel UITA, la decisión tiene una importancia que trasciende el caso concreto.

“Es más que una buena noticia, porque abre un precedente muy importante en Brasil en el camino de juzgar crímenes de lesa humanidad”, señaló.

El fallo abre una vía para que las condenas dictadas por tribunales extranjeros por graves violaciones de los derechos humanos puedan ejecutarse en Brasil, aun cuando la legislación nacional impida la extradición de la persona condenada.

Uno de los aspectos centrales de la resolución fue el rechazo a los argumentos que pretendían impedir la homologación mediante la aplicación de la Ley de Amnistía brasileña y la prescripción de los delitos.

El ministro Sebastião Reis Júnior sostuvo que, ante la extrema gravedad de los hechos, ni la amnistía ni la prescripción podían impedir el reconocimiento de la sentencia extranjera.

Fundamentó su posición en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha cuestionado la utilización de normas internas para impedir la investigación y sanción de graves violaciones de los derechos humanos.

Silvia Bellizzi, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, también valoró positivamente la resolución: “Noticia para celebrar, muy positiva: memoria, verdad y justicia”, expresó.

Para las organizaciones de derechos humanos de la región, el fallo representa un avance en una lucha que atraviesa fronteras: la de esclarecer los crímenes del terrorismo de Estado, establecer responsabilidades y evitar que el paso del tiempo o las legislaciones nacionales se conviertan en obstáculos definitivos para la justicia.

El Plan Cóndor articuló la persecución, el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas en distintos países del Cono Sur. La coordinación entre las dictaduras hizo que las fronteras dejaran de ser un límite para la represión.

Décadas después, la búsqueda de justicia también exige cooperación entre los Estados.

La resolución del STJ brasileño marca un paso significativo en ese camino y reafirma la importancia de la solidaridad entre organizaciones y defensores de los derechos humanos.