El Sindicato de Obreros y Obreras Frigoríficos de BPU (SOOF BPU) convocó a un paro general, en rechazo a lo que denuncia como una política de persecución sindical por parte de la transnacional brasileña Minerva Foods.

En un comunicado, SOOF BPU manifestó que, tras el regreso de la licencia, se intensificaron las suspensiones arbitrarias, las observaciones masivas y las presiones de mandos medios contra trabajadores afiliados que se organizan y defienden sus derechos.

“La dignidad no se negocia. La libertad sindical se respeta”, sostiene el sindicato, que llamó a los trabajadores a adherirse al paro y mantenerse unidos y organizados.

La medida se produce en un contexto de dificultades laborales en las distintas unidades de la transnacional brasileña en Uruguay. Minerva opera en el país con cuatro plantas: BPU, en Durazno; Frigorífico Canelones y Frigorífico Carrasco; en el departamento de Canelones y Pul, en Melo.

Carrasco permanece sin faena desde noviembre de 2025 y sus trabajadores han atravesado una prolongada situación de seguro de paro, solicitando extensiones del subsidio que hasta la fecha todavía no reciben.

Aunque la transnacional descartó despidos y negó versiones de que iría a convertir la planta exclusivamente en una unidad de desosado, la reanudación de las actividades sigue prevista, según la información difundida en octubre, para enero o febrero de 2027.

La adhesión de SOOFRICA al paro de BPU suma una expresión de solidaridad entre trabajadores de dos establecimientos del mismo grupo empresarial, en defensa de los derechos laborales y la libertad sindical.

El caso de Minerva Foods vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central: ¿qué lugar ocupan los derechos laborales y la libertad sindical en la estrategia de una transnacional que concentra una parte importante de la industria frigorífica uruguaya?

Cuando las denuncias de presiones y persecución sindical se suman a la incertidumbre laboral en otras plantas del grupo, resulta imprescindible exigir respuestas y garantías.