Lo odiaban las élites empresariales, lo odiaban los mandantes del crimen organizado, enquistados desde hace décadas en el Estado guatemalteco, lo odiaban los nostálgicos de las dictaduras de los años sesenta a ochenta.

Hijo de un ex comandante guerrillero, Carlos López Arévalo, muerto durante un enfrentamiento con el ejército, y nieto de una poetisa y periodista, Alaíde Faroppa, secuestrada y desaparecida por las Fuerzas Armadas, se había propuesto combatir desde el poder judicial la trama que liga a grandes empresarios nacionales y extranjeros con militares y ex militares, con pandillas, con dirigentes políticos y con la larga mano de “la embajada”.

Estuvo, por ejemplo, en el origen de la detención y condena del ex presidente Otto Pérez Molina y de su vice Roxana Baldetti, o de los principales jefes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

Trabajó también estrechamente con la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), disuelta por el anterior gobierno.

“No estamos ante un homicidio común, sino ante un asesinato planificado de alto perfil. El objetivo no solo era callar a Juan Francisco sino garantizar la impunidad de los hechos que denunciaba y sembrar el terror entre la población, todo ello a las puertas de un año electoral”, dijo el ex integrante de la CICIG Aníbal Argüello.

“Se trata de una operación de inteligencia compleja y una campaña de desinformación muy agresiva, y esto solo es comparable con los asesinatos de monseñor Juan Gerardi o de Mirna Mack”, evocó.

Gerardi, defensor de los derechos humanos fue asesinado en 1998 un día después de presentar públicamente el informe “Guatemala. Nunca más”; la antropóloga Mack, que investigó las masacres del ejército en comunidades rurales indígenas, había sido apuñalada ocho años antes.

Carmen Rosa de León, socióloga y diplomática exiliada en España, habló de “un crimen con todas las características de una operación ejecutada por una estructura altamente organizada”.

“Perpetrarlo en un lugar público, demostrando capacidad de ataque, de huida y una aparente tranquilidad pese a la presencia de guardaespaldas, es un mensaje intencionado”, agregó. Y concluyó: “Es un atentado que busca amedrentar a quienes están en el exilio para que no regresen, silenciar las denuncias y neutralizar el impacto de las revelaciones de Solórzano”.