La crisis institucional en Honduras marca un nuevo capítulo en la espiral de confrontación política y judicial que atraviesa el país centroamericano tras las controvertidas elecciones generales del año pasado.
Giorgio Trucchi
20 | 11 | 2026

El miércoles 18 de noviembre, un juzgado penal de Tegucigalpa emitió una orden de captura inmediata contra Marlon Ochoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según el requerimiento remitido a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al exfuncionario se le acusa de presuntos delitos electorales y de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Constitución y de la administración pública.
La medida llega siete meses después de su destitución, ocurrida mediante un juicio político aprobado por la mayoría parlamentaria bipartidista ultraconservadora.
“Ocurrió lo que ya habíamos denunciado. Esto forma parte del mismo plan que comenzaba con mi destitución, continuaba con mi captura y pretendía acabar con mi vida una vez dentro de la cárcel”, declaró Ochoa desde el exilio.
El exconsejero aseguró no arrepentirse de haber denunciado el burdo fraude electoral del año pasado, acompañado por la injerencia de Estados Unidos e Israel para alterar la voluntad popular.
“Es un gran honor para mí ser perseguido por un gobierno que está donde está solo gracias a una pantomima, a un golpe electoral”, añadió.
Ochoa reiteró que no tiene intención de regresar voluntariamente al país para entregarse a un sistema judicial totalmente subordinado a los intereses de las élites políticas y económicas locales.
Asimismo, calificó la orden de arresto como una represalia política orquestada para silenciarlo. Durante los comicios de 2025, Ochoa se negó a avalar la declaratoria de Nasry Asfura sin que antes se contabilizaran miles de actas y se resolvieran miles de recursos, denunciando además graves irregularidades, repetidas interrupciones del sistema de conteo preliminar, ataques cibernéticos y la suspensión del recuento electrónico durante más de 24 horas.
La medida contra Ochoa no constituye un hecho aislado, sino que se inserta en un entramado más amplio de criminalización de la oposición y de uso instrumental de la justicia (lawfare).
El mismo libreto judicial ha golpeado a Mario Morazán, exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral, destituido junto a Ochoa y a los magistrados suplentes, quien enfrenta señalamientos y presiones judiciales por presuntos delitos contra la forma de gobierno y la democracia.
En las últimas semanas, la ofensiva de la judicatura y del Ministerio Público también ha alcanzado a la cúpula de la legislatura anterior. A mediados de octubre, la Fiscalía formalizó un requerimiento fiscal contra Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, acompañado de una orden de captura internacional.
Junto a Redondo están procesados aquellos diputados y exdiputados que integraron la Comisión Permanente del Parlamento que aprobó un decreto mediante el cual se ordenaba al CNE la revisión y el recuento “voto por voto” de aproximadamente 20 mil actas electorales.
La “justicia” les imputa los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad por haber convocado sesiones extraordinarias y aprobado decretos.
Mientras las audiencias iniciales contra los exparlamentarios avanzan entre recusaciones y tensiones en los tribunales, el cerco judicial en torno a los protagonistas del ciclo político ligado al exgobierno de Xiomara Castro continúa estrechándose.
En este contexto, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) ha lanzado una alerta por la reciente Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal, aprobada por la mayoría parlamentaria bipartidista. Su coordinadora, Bertha Oliva, denunció el trasfondo de estas reformas.
“Modificar el Código Penal para castigar la oposición política y social no sirve para combatir a los delincuentes, sino para blindar la impunidad de quienes están en el poder y anular el Estado de derecho, dejando a los ciudadanos en una total vulnerabilidad”.
Para la destacada defensora de derechos humanos se trata de “una mutilación a los derechos y tratados internacionales de los que Honduras es suscriptor y que están por encima de todo nuestro accionar”.
Finalmente, Oliva calificó las reformas como una forma de amenaza e intimidación, cuyo trasfondo es la criminalización de determinados sectores de la sociedad”.
