En 1997, el gobierno panameño otorgó una concesión de explotación a la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para extraer cobre, oro, plata y molibdeno en la localidad de Donoso. Veinte años después, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato.

Obviando esa resolución, el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) logró que el parlamento aprobara un nuevo contrato (Ley 406), desencadenando la protesta popular bajo el lema “Panamá libre de minería”.

Pese a la violenta represión, la movilización ciudadana logró que la Corte Suprema emitiera un nuevo fallo de inconstitucionalidad contra el proyecto Cobre Panamá. Con este, ya suman cinco los proyectos mineros fracasados en Panamá en las últimas décadas.

La llegada de José Raúl Mulino a la presidencia, en 2024, marcó un nuevo intento de profundizar las actividades extractivistas a través del uso de estrategias solapadas para eludir la resolución de los magistrados.

Después de encargar a una firma extranjera una “auditoria integral” para tener “datos científicos confiables”, Mulino planea reabrir el proyecto minero bajo un esquema de asociación público-privada, donde el Estado mantendría entre 35 y 40 por ciento de la propiedad, mientras que First Quantum Minerals asumiría el control operativo técnico.

El plan ha sido fuertemente cuestionado por el movimiento social organizado, que se dispone a lanzarse nuevamente a las calles en caso de que Cobre Panamá intente reanudar operaciones.

En más de una ocasión la Rel UITA ha dado cobertura a la lucha contra la minería en Panamá, denunciando todas las secuelas de daños ambientales, así como los impactos sobre comunidades indígenas y campesinas y la corrupción vinculada a la explotación minera.

En este sentido, el Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA insta a las autoridades panameñas a desistir de impulsar proyectos que solamente traen graves impactos ambientales y humanos, no generan ocupación como se pretende dar a entender y afectan gravemente el futuro de familias y comunidades.

Además, se solidariza y respalda firmemente la lucha del pueblo panameño, de las organizaciones ambientalistas y populares y su derecho a resistir contra proyectos que depredan territorios, saquean bienes comunes y violentan la soberanía nacional.

José Antonio Lutzenberger, pionero en la defensa de la ecología y la agricultura campesina en Brasil fallecido en 2002, muchos años atrás hacía una reflexión que bien puede aplicarse al caso que nos ocupa.

“Lo primero que tenemos que conseguir ─decía─ es que los gobiernos hagan otro tipo de cuentas. Brasil destruye montañas enteras para exportar aluminio y hierro. El gobierno adiciona las divisas que ganó a través de la exportación de esa materia prima, pero en ninguna parte de sus libros se descuenta el hueco que quedó en la montaña, el bosque que destruyeron, el genocidio perpetrado contra los pobladores originarios, etcétera”.

Y terminaba comparando: “Es como si yo fuera al banco, retirara mil dólares, los gastara y me considerara más rico. ¡Estoy más pobre! ¡Nuestros países están cada día más pobres!”