Esta masacre silenciosa ha alcanzado, en los últimos catorce años (2012-2025), la dramática cifra de 2375 vidas truncadas o suspendidas en un limbo.

Esto representa un promedio de 170 personas al año —casi una cada dos días— en un brutal intento por intimidar a los movimientos que se oponen a las violaciones de los derechos humanos y ambientales, y que se alzan contra un modelo de desarrollo profundamente devorador, depredador y excluyente.

“Nuestros datos no constituyen una mera recopilación de los nombres de las personas defensoras asesinadas o desaparecidas, sino que también contribuyen a sacar a la luz las causas profundas de la violencia”, señala Global Witness.

“Detectar estas tendencias y hacer frente a los factores que las generan es esencial para que las personas defensoras puedan reclamar sus derechos a la tierra y a un ambiente limpio sin poner en peligro su vida”.

A primera vista, las 124 víctimas registradas podrían indicar una tendencia positiva a la baja si se comparan con los datos de años anteriores. Sin embargo, la organización explica que se trata muy probablemente de una subestimación considerable, ya que una gran cantidad de casos no se denuncian.

Esto es habitual en un contexto de genocidio, conflictos armados graves, militarización de los territorios y represión violenta contra los movimientos sociales y las comunidades indígenas y campesinas.

En estos escenarios, el miedo, la inseguridad generalizada y la desconfianza hacia los órganos de justicia y las fuerzas de seguridad dificultan o imposibilitan la identificación y verificación de los casos individuales.

Una vez más, América Latina es la región que concentra la gran mayoría de los ataques mortales: el año pasado sumó 105 homicidios, lo que representa el 85 por ciento del total mundial.

Con 39 casos (casi un tercio del total regional), Colombia se confirma como el territorio más peligroso para quienes defienden el planeta y se oponen al modelo neoliberal extractivista. El 90 por ciento de las víctimas en este país eran indígenas y campesinos.

En Brasil, el número de asesinatos se duplicó con respecto al año anterior, llegando a 26. La mayoría de estos ataques está relacionada con las reivindicaciones por el reconocimiento del territorio ancestral y la demarcación de las propiedades.

El número de víctimas también se duplicó en Honduras (12), que se consolida como el país con más asesinatos per cápita. Organizaciones como el Copinh y Ofraneh² denuncian el carácter sistemático de esta violencia:

“El extractivismo neoliberal ha declarado la guerra a los ríos, a los bosques y a las comunidades indígenas. Dar la vida por la defensa de los bienes comunes no es una metáfora, sino la realidad cotidiana de quienes se niegan a ver cómo su tierra se vende al mejor postor”, dice el informe.

A Brasil y Honduras les siguen de cerca México, con 10 defensores asesinados y un aumento sistemático de las agresiones no letales y las desapariciones, seguido por Guatemala (8) y Perú (4).

Los conflictos por la tierra causaron más de la mitad de los homicidios documentados, seguidos por los proyectos del sector minero, la explotación forestal y la agroindustria.

Al final, la impunidad generalizada, el cierre de los espacios cívicos y la acción del crimen organizado crean una mezcla explosiva en la que la gran mayoría de estos delitos quedan sin culpables.

En definitiva, los datos de Global Witness evidencian que el modelo extractivista sigue cobrándose vidas a cambio de ganancias corporativas.

Romper el círculo vicioso de la impunidad y la violencia estatal o corporativa es una deuda histórica con las poblaciones indígenas y campesinas, cuya única “culpa” es defender el futuro del planeta y la dignidad de sus comunidades.