El Grupo Syngenta es relativamente nuevo. Nació en el año 2000 de la fusión de las divisiones químicas de dos grandes: la suiza Novartis y la sueco-británica AstraZeneca.

Hoy posee casi 72.000 empresas en más de cien países, tuteladas por Sinochem Holdings, un conglomerado con sede en Shangái.

Dotado de cuatro unidades de negocios (una basada en Suiza, otra en Estados Unidos, otra en Israel y otra en China), el grupo tiene su casa matriz en Basilea, en la Suiza germánica, cerca de la frontera con Alemania y Francia.

De acuerdo a sus propios datos, emplea a unas 50.000 personas y en los primeros nueve meses de 2022 facturó unos 26.000 millones de dólares, 24 por ciento más que en el mismo período del año anterior.

América Latina representa habitualmente un tercio de las ventas totales de Syngenta, seguida de Europa, África y Medio Oriente (27 por ciento en 2021), América del Norte (24) y Asia Pacífico (16).

Su “fuerte ha sido la venta de agrotóxicos”, un rubro en el que lidera a nivel mundial, por delante de Bayer-Monsanto, destaca un informe publicado este 3 de enero por la periodista especializada argentina Anabel Pomar, de la Agencia Tierra Viva.

Syngenta también encabeza las ventas de semillas transgénicas en grandes mercados de la región. “De los 68 eventos transgénicos autorizados en Argentina posee 14, de algodón, maíz y soja”, dice el trabajo.

El grupo trabaja fluidamente con gobiernos de distinto signo, tanto conservadores como progresistas, que en muy poco se oponen en lo esencial a la hora de encarar modelos de desarrollo.

Una prueba: en 2021, el gobierno argentino de Alberto Fernández incorporó a Syngenta a su “Plan contra el hambre”, en el entendido de que “la agroindustria es el principal motor para terminar con la pobreza y recuperar la senda del crecimiento de manera sustentable”, según palabras de un directivo de la empresa aplaudidas por representantes del Ejecutivo.

Más aún: el 5 de enero el ex CEO de la corporación Antonio Aracre se sumó al equipo de asesores de Fernández y enseguida marcó la cancha con declaraciones sobre la necesidad de dar “seguridad jurídica” a los inversores privados.

Esta simbiosis entre representantes corporativos y gubernamentales, escribe Pomar, ha sido “ampliamente repudiada por organizaciones de la sociedad civil y asambleas de pueblos fumigados, que señalaron algo obvio menos para el gobierno: que los commodities no son alimentos y que quien es parte de las causas del hambre no puede ser parte de la solución”.

Syngenta _como sus pares del agronegocio_ ha logrado colocar sin problemas en América Latina plaguicidas o herbicidas que en otras zonas del mundo (particularmente en Europa) están prohibidos o han sido incluidos en listas de productos de alta peligrosidad.

Entre ellos: ametrina, atrazina, clorotalonil, diquat, glifosato, lambdacialotrina, paraquat y tiametoxam.

A todos estos compuestos, utilizados en formulaciones que son rociadas a menudo sin precaución alguna, o con muy pocas, en los campos de soja, de maíz, de trigo, investigaciones científicas independientes los han vinculado con casos graves de daños a la salud y al medio ambiente.

“Las ganancias de Syngenta provienen mayormente de la venta de tres peligrosísimos herbicidas: atrazina, paraquat y glifosato”, recuerda la autora de la investigación.

Una cuarta parte del paraquat utilizado en el mundo es vendido por Syngenta. Su uso ya ha sido prohibido en 72 países y el de la atrazina en 40.

El glifosato podría ir _tal vez_ en esa dirección.

En 2015 una agencia de Naciones Unidas lo declaró potencialmente cancerígeno en humanos y en los últimos años la justicia estadounidense condenó repetidamente a Bayer-Monsanto, fabricante del Roundup, el agrotóxico en base a glifosato más “popular” del mundo, por diversas y serias afectaciones a la salud de agricultores.

La investigación de Tierra Viva echa luz por otra parte sobre los estrechísimos vínculos entre las distintas corporaciones del agronegocio, que a pesar de rivalizar entre sí se defienden mutuamente cuando los productos estrella de alguna de ellas es cuestionado.

“En los documentos conocidos como los ‘Papeles de Monsanto’ sobran evidencias de cómo la empresa Monsanto (ahora Bayer) ocultaba los peligros” del Roundup, apunta Pomar.

Y subraya que “en esa misma documentación figura la participación de Syngenta en acciones mayormente destinadas a entorpecer el trabajo de organismos regulatorios y/o políticos o trabajos científicos impidiendo que la defensa de la salud pública prime ante los intereses comerciales”.

“Competidoras en el mercado, Syngenta y Bayer-Monsanto han sido y son aliadas y socias en conocidos grupos de presión para lograr que el herbicida se siga comercializando en la Unión Europea. Primero a través del Grupo de Acción del Glifosato y luego en el Grupo de Renovación del Glifosato”.

Por su lado, Bayer ha operado en conjunto con Syngenta cuando el Gramoxone, principal producto de la corporación suizo-china, elaborado en base a paraquat, comenzó a ser denunciado.

Así como directivos de Syngenta defendieron a sus pares de Monsanto-Bayer cuando éstos fueron acusados _con pruebas_ de estar al tanto de los males que podría causar el Roundup a quien lo recibiera en su cuerpo, los de Bayer cubrieron a los de Syngenta cuando se divulgó _también con pruebas_ que éstos sabían que el Gramoxone podía causar la enfermedad de Parkinson.

Pomar trae a colación varios casos de víctimas de fumigaciones con estos y otros agrotóxicos.

Uno es el de Sabrina Ortiz, una mujer originaria de Pergamino, localidad de la provincia de Buenos Aires, en Argentina.

“En su organismo tiene glifosato, AMPA (el metabolito del glifosato) y lambdacialotrina. Ortiz tuvo dos ACV isquémicos, sufrió un aborto espontáneo y sus hijos padecen daño genético a causa de las fumigaciones. Su hija Fiama (21 años) tiene una extraña patología denominada osteomielitis crónica recurrente que genera quistes dentro de los huesos. Ella y su hermano Ciro (de 9) tienen cien veces más glifosato en orina de lo que se considera podría ser tolerado”, describe la periodista.

Sabrina Ortiz declaró a Tierra Viva: “Saber que ellos se enriquecen vendiendo esas sustancias me produce mucha indignación, impotencia y más que todo dolor”.

Y también: “A estas empresas no les importa la vida humana ni la biodiversidad. Sus ventas se traducen en pérdidas de seres queridos, en enfermedades, en mucha muerte. La vida de nuestros hijos, nuestras vidas, nuestros recursos, no valen nada”.