“Las medida provisional 665/2014 fue redactada a fines de diciembre del año pasado y su contenido restringe claramente los beneficios sociales como pensiones y seguro desempleo que afectan a los trabajadores y trabajadoras rurales” explicó el dirigente.

Según D’Angelo a pesar de las advertencias que oportunamente realizó la Contag y de las gestiones que se hicieron ante la Cámara de representantes para que se introdujeran modificaciones que garantizaran los derechos previsionales de estos trabajadores, la medida fue llevada adelante.

“La Confederación logró que se negociara un nuevo texto para esta medida que contemplara a los trabajadores zafrales y los contratados por períodos breves, pero considerando la resistencia que estos cambios generaron en el Congreso, la Contag decidió adherir a la normativa anterior que había sido aprobada en la Cámara baja por considerar que a pesar de no contemplar todo lo que solicitaba, era mejor que la propuesta actual”, indicó el dirigente.

El texto recientemente aprobado estipula que el trabajador tendrá derecho al seguro por desempleo si ha trabajado al menos 12 meses en los últimos dos años, cuando antes necesitaba sólo seis.  

 “Este es uno de los puntos que más perjudica a los trabajadores rurales sobre todo porque es un sector en el que se trabaja por zafras”, señaló D’Angelo.

Para el dirigente la situación se agrava “si tenemos en cuenta que el gobierno federal aun después de una larga negociación, sin un diálogo previo vetó el artículo que mantenía los derechos al seguro por desempleo, con anterioridad a la serie de medidas de ajuste fiscal que viene realizando el gobierno de Dilma Rousseff en este segundo período”.

“Estamos tristes e indignados pero no bajaremos los brazos. Vamos a solicitar al Senado Federal que anule el veto de la Presidencia y daremos batalla”, declaró D’Angelo.

Según destaca la propia Confederación en un comunicado “Durante todo el proceso de tramitación de esta medida previsional 665/2014, Contag mantuvo un diálogo permanente con la Cámara de Diputados, con el Senado Federal y con el gobierno Federal, manifestando en todo momento su postura contraria a esta medida”.

Tal como estaba redactada antes del ajuste fiscal, prosigue el texto, la medida “limitaba el acceso a la previsión social de millones de asalariados rurales, sobre todo teniendo en cuenta el elevado índice de informalidad en este sector (60, 1 por ciento) y la prevalencia de contratos por plazo determinado (zafrales o corto período) en el campo”.