La banana es una de las frutas frescas más consumidas en Argentina y en el mundo. Originaria de Asia tropical, hoy se cultiva en gran parte de América Latina y el Caribe y ocupa el primer lugar en el ranking global de consumo de frutas.

En el mercado interno se ubica como la segunda fruta más elegida, con un promedio de 162.480 toneladas anuales que ingresan al Mercado Central de Buenos Aires para su distribución, sólo superada por la naranja (205.047 toneladas) y por encima de la mandarina (142.392), la manzana (140.806), el limón (84.482), la pera (64.813) y el durazno (34.177).

Dicho de otro modo: pocas frutas están tan presentes en la mesa de los argentinos como la banana.

Cada habitante consume en promedio unos 12 kilos por año, sin embargo, lo que aparece en la góndola no siempre es fruto del suelo argentino, ya que menos del 15 por ciento del consumo proviene de quintas de Salta, Jujuy y Formosa, mientras que el 85 por ciento restante llega del exterior.

En 2023 se importaron 470.853 toneladas de banana por un valor aproximado de 295 millones de dólares. El precio medio de ingreso rondó los 626 dólares por tonelada. De esa cifra, más de 185 millones de dólares tuvieron como destino a proveedores ecuatorianos, lo que representa un 62,7 por ciento del total.

En segundo lugar, quedó Bolivia, con casi 50 millones de dólares, luego Paraguay con 33,9 millones, Brasil con 11,2 millones y Colombia con 4,8 millones.

El resto, unos 10 millones de dólares, se distribuyó entre otros orígenes menores. En términos simples: cada año se van al exterior casi 300 millones de dólares para garantizar un consumo que el país supo cubrir con producción propia.

La diferencia es nítida si se recorre la historia. En los años setenta, cerca del 80 por ciento del mercado interno de banana era abastecido con producción nacional.

Ese esquema se quebró con las políticas económicas de apertura y desregulación de los años noventa. La irrupción masiva de fruta importada, sumada al predominio de multinacionales como Chiquita Brands International y Dole Food Company, arrinconó a las familias productoras del norte argentino.

Desde entonces, la participación local cayó a los niveles actuales y no se pudo recuperar.

En los departamentos de Orán, en Salta, o en las colonias bananeras de Laguna Naineck en Formosa y Yuto en Jujuy, la banana no es solo un cultivo: es una fuente de arraigo y trabajo familiar. Las quintas suelen rondar entre dos y cuatro hectáreas y sostienen el empleo de al menos dos o tres personas por finca.

Cada racimo cosechado moviliza trabajo genuino y enraizado en la tierra. La importación, en cambio, se limita a la operatoria de unas pocas empresas mayoristas que canalizan el ingreso y la distribución del producto extranjero.

La discusión no es únicamente económica. También atraviesa la percepción del consumo.

La banana ecuatoriana, más larga, amarilla y homogénea, se impuso como estándar de “calidad” en el mercado. Pero la banana argentina, más dulce y con mayor contenido de potasio y magnesio, ofrece mejores condiciones nutricionales.

Sin embargo, la lógica del aspecto con una cáscara sin marcas, terminó pesando más que el sabor y el valor alimenticio.

En el plano internacional, Ecuador mantiene desde hace años un Precio Mínimo de Sustentación para su exportación.

En 2023 fue de 6,50 dólares por caja de 20 kilos, en 2024 subió a 6,85 y en 2025 alcanza los 7,25. Ese esquema de precios, sumado a la capacidad logística y a la escala de producción, asegura a Ecuador una posición dominante en el mercado mundial.

Para la Argentina, cada contenedor de banana que ingresa significa dólares que se van y que podrían quedarse si existiera un plan sostenido de fomento a la producción local.

El punto no es menor en un contexto de restricción externa crónica. No existe una partida presupuestaria directa del Estado nacional que financie la importación de bananas: son empresas privadas las que las traen y pagan en moneda extranjera.

Pero desde una mirada macroeconómica, el resultado es claro: 295 millones de dólares en 2023 salieron de las reservas para sostener el consumo interno. En paralelo, mientras el país exporta soja y maíz para generar divisas, una parte de esas mismas divisas se destinan a importar un fruto que ya se produce en el norte argentino.

La paradoja se acentúa al ver la estacionalidad de la banana nacional, que abastece entre agosto y marzo con cosechas en Formosa, Salta y Jujuy.

El problema central es la falta de infraestructura y políticas públicas que permitan ampliar la escala, mejorar la logística y garantizar precios competitivos frente a la importación.

En regiones como la Patagonia, los costos de transporte pueden triplicar el precio de la fruta. Y a eso se suma la fragilidad institucional: la reducción de programas del INTA y la falta de planificación estatal terminan golpeando a las economías regionales que podrían dar respuesta a esta demanda.

La banana, en apariencia una fruta sencilla y cotidiana, condensa un debate estructural: ¿apostar a la producción local que genera empleo, arraigo y calidad nutricional, o seguir transfiriendo divisas al exterior para sostener un modelo importador?

En un país con limitaciones de dólares, cada elección de política pública y cada decisión de consumo pesan. El caso de la banana revela hasta qué punto el “campo que alimenta” puede ser parte de una estrategia de soberanía alimentaria, o quedar relegado por la lógica de un mercado abierto y extranjerizado.

Argentina ya demostró en el pasado que puede autoabastecerse. Recuperar ese horizonte requiere planificación, inversión pública y un cambio cultural en el consumo.

Porque detrás de cada banana nacional no solo hay sabor y potasio: hay trabajo, historia y la posibilidad concreta de no malgastar las divisas que tanto le cuestan al país.