En junio el Congreso argentino aprobó una ley de emergencia destinada a mejorar los ingresos de los profesionales encargados de cuidados a personas con discapacidad. El presidente Javier Milei la vetó unas semanas después y este lunes un juez anuló la decisión del ultraderechista.

El fallo del juez Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, está referido a un solo caso, el de una familia con dos hijos de poco más de diez años con Trastorno Generalizado del Desarrollo.

Los padres de esos niños habían impugnado el veto del presidente y presentado un recurso de amparo. Aunque la decisión de la justicia solo los concierne a ellos, abre la puerta a que otras familias sigan el mismo camino, individual o colectivamente.

El Parlamento va a tratar en los próximos días el veto del presidente, y las familias de las personas con discapacidad esperan que vuelvan a constituirse las amplias mayorías que respaldaron la ley el 10 de junio.

El panorama, de todas maneras, no es tan claro, porque el gobierno de Milei no ha dudado en coaccionar y hasta comprar a legisladores para hacer aprobar en el Congreso proyectos que en principio no tenían el apoyo que necesitaban.

La decisión del juez González Charvay, que va al fondo del asunto, dice que el argumento del gobierno de que no puede remunerar mejor a los profesionales del sector porque carece de dinero y debe respetar disposiciones para no incurrir en déficit fiscal no es de recibo.

“El derecho de los niños con discapacidad prevalece ante cuestiones presupuestarias”, afirma la sentencia.

“Lo que dice la justicia es que el Estado no se puede retirar y abandonar a su suerte a las personas con discapacidad. Tiene que cumplir las prestaciones básicas. En ese marco, deja claro que no se trata de una cuestión fiscal, sino de la deuda que el Ejecutivo tiene con las personas con discapacidad y con sus familias”, dijo al diario Página 12 el diputado opositor Daniel Arroyo, autor de la ley de emergencia.

“Los fondos para la emergencia están, solo que el gobierno quiere usarlos”, agregó.

La ley de emergencia otorgaba a los profesionales en discapacidad un bono compensatorio de 100.000 pesos argentinos (menos de 80 dólares) y disponía que el valor de la hora de trabajo se ajuste en función de la inflación. Su costo fiscal, según Página 12, equivalía apenas al 0,03 por ciento del PIB previsto para este año en Argentina.

Demasiado para quienes se ocupan de estos temas, consideró Milei, que unos días antes había atacado en sus redes sociales a un niño de 12 años con autismo y se ha caracterizado en todos estos meses por insultar a todas las minorías, incluidos los discapacitados.

La familia del nene autista había denunciado ante la justicia al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, por haber dicho que “tener un hijo con discapacidad es un problema de su familia, no del Estado” y apoyado los recortes al sistema de cuidados.

En ese caso, la justicia respaldó al jerarca.

Este martes por la noche organizaciones sociales vinculadas al colectivo de discapacitados organizan una vigilia frente al Congreso, y el miércoles estarán en la marcha semanal de los jubilados, otras de las víctimas de la motosierra mileísta.