Durante la Cuarta Marcha Federal Universitaria, miles de personas se movilizaron en distintas ciudades del país para rechazar el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei y exigir garantías para el sostenimiento de la educación pública.

En el documento leído en Plaza de Mayo, las universidades advirtieron sobre una caída real del 45,6 por ciento en las transferencias destinadas al sistema y alertaron que “cuando el gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, se rompe el contrato social”.

Según las organizaciones convocantes, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumuló un 293,3 por ciento, mientras que los salarios crecieron apenas un 147,3 por ciento, lo que implicó una pérdida del 37,13 por ciento del poder adquisitivo y llevó los ingresos docentes a su nivel más bajo en más de dos décadas.

El reclamo también apuntó al congelamiento de las Becas Progresar, la falta de financiamiento para las Manuel Belgrano y la suspensión de las becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC), una situación que ─advirtieron─ expulsa estudiantes del sistema y profundiza las desigualdades sociales.

A esto se suma el recorte en las partidas de funcionamiento, que hoy representan apenas el 64 por ciento del poder adquisitivo que tenían en enero de 2023.

En un mensaje dirigido a la Corte Suprema, las organizaciones reclamaron que el máximo tribunal intervenga para garantizar el cumplimiento de la ley y frenar el desfinanciamiento universitario.

También reivindicaron el papel de la universidad pública como motor de movilidad social, producción científica y desarrollo nacional, y advirtieron que el ajuste pone en riesgo su continuidad.

“La universidad pública se defiende”, cerraron ante una multitud que colmó las plazas del país.