El pasado 17 de junio, pueblos originarios, organizaciones civiles y sindicatos que protestaban contra la reforma constitucional en la provincia argentina de Jujuy fueron ferozmente reprimidos.

Las fuerzas de seguridad locales arremetieron contra los manifestantes lanzando gases lacrimógenos, balas de goma y realizando detenciones ilegales para disolver los cortes de ruta pacíficos, que además respetaban el derecho de paso en autopistas federales.

El proyecto de reforma constitucional impulsado por el gobernador Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, y rechazado ampliamente por la ciudadanía contempla, entre otras cosas, medidas para limitar el derecho de manifestación; expropiación de tierras para el desarrollo de proyectos extractivistas, en especial mineros; nuevos beneficios para los empresarios; limitación del poder del gobierno federal a intervenir en la provincia y el desconocimiento de tratados internacionales firmados por Argentina.

Este accionar no es un acontecimiento aislado, sino una nueva muestra de las políticas de criminalización de la protesta social llevada adelante por sectores vinculados a la derecha más reaccionaria, que busca favorecerse en contra de las mayorías populares.

Ante este escenario, la Rel UITA y el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil (MJDH) condenan la violencia desmedida y la represión contra el pueblo jujeño.

Asimismo, expresan su preocupación frente a una posible escalada de la respuesta de las fuerzas de seguridad provincial en el contexto de las manifestaciones.

Y reiteran, por sobre todas las cosas, su solidaridad con los pueblos originarios que defienden sus tierras y con todos aquellos que reclaman el acceso a los bienes comunes que son, en definitiva, derechos humanos fundamentales.