Cuando el 10 de diciembre de 2015 asumió un nuevo gobierno, muchos argentinos depositaron esperanzas en un cambio positivo que viniera a corregir lo que estaba mal y a sostener lo que estaba bien.
Tenían esperanzas de que ese gobierno luchara enérgicamente contra la inflación que se come el sueldo de los trabajadores, peleara frontalmente contra la pobreza y dotara a la República de más institucionalidad.
Creíamos y creemos en la necesidad de una Argentina de encuentro y diálogo institucionalizado, sustentable en el tiempo, en una mesa a la que se debe convocar a todos, tal cual lo reclama el papa Francisco.
Un diálogo que debe resolver los enormes problemas de los argentinos, con un norte claro puesto en la producción, el trabajo, el empleo y la educación, pero en el que no pueden ni deben estar ausentes las distintas realidades de nuestra patria.
Lamentablemente, nos encontramos desde un principio con un gobierno de CEO, directores, accionistas, dueños de empresas nacionales y multinacionales que en una clara afrenta a la ley de ética pública asumen sus cargos con total desparpajo, conservando acciones e injerencias en sus empresas y beneficiando de manera ostensible sus propios intereses.
Y como para la construcción de un relato desde un lugar confortable se necesita un enemigo, todo aquello que se opusiera era el pasado (el peronismo, los sindicatos), mezclando en la comunicación situaciones de funcionarios, sindicalistas y algunos (por cierto, pocos) empresarios investigados por corrupción.
El diálogo pasó a ser un monólogo, mesas a las que nadie iba con obligaciones (salvo, por supuesto, los trabajadores).
Se planteaban proyectos en determinados términos y luego aparecían escritos con la innegable pluma de los asesores empresariales, contradiciendo los acuerdos alcanzados.
Hoy, entrando en su tercer año de mandato, nada de lo que prometió el gobierno se ha cumplido.
Por el contrario.
Es imposible suponer que se va a eliminar la pobreza o tan solo bajarla si se sigue sosteniendo un trazado económico contrario al interés nacional.
Es imposible suponer que las inversiones se van a realizar en sectores productivos que generan mano de obra si se sigue fomentando la timba financiera con intereses y emisiones de deuda que generan ganancias especulativas siderales.
Es imposible pensar una mejor institucionalidad y calidad democrática mientras se sancionan leyes como la reforma previsional y tributaria, que favorecen a los sectores concentrados de la economía y castigan a los más amplios sectores alcanzados por la seguridad social, como los compañeros jubilados y pensionados, a quienes se les ha disminuido el ingreso.
Más de 3.000 personas quedaron sin empleo en apenas un mes en el Estado, y el gobierno va por más.
No es posible creer que se busque transparentar la defensa de los trabajadores cuando se alienta la desafiliación sindical desde el propio Estado, incurriendo en una práctica desleal.
Tampoco es posible creer que anulando por decreto la paritaria docente se persiga un mayor equilibrio entre los actores.
Es imposible suponer que haciendo denuncias mediáticas, judiciales, tributarias y a través de un aparato comunicacional afín con amenazas de auditorías se logre una mayor eficacia en la defensa de los derechos de los trabajadores.
Toda la estrategia gubernamental solo busca la deslegitimación de las organizaciones sindicales ante la sociedad para avanzar con rapidez sobre el salario y las condiciones de trabajo.
Lo único que ha hecho el gobierno en estos más de dos años se ha resumido a:
– Hacer perder el poder adquisitivo de jubilaciones y salarios.
– Condonar y blanquear las deudas de los evasores.
– Rebajar el sueldo de jubilados, pensionados y los programas sociales.
– Llenar las góndolas argentinas con productos extranjeros que conspiran contra el trabajo de los argentinos.
– Endeudar el país de manera inaudita.
– Hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.
Por ello decidimos:
– Repudiar enérgicamente los recortes a los jubilados y reclamar la derogación de la ley sancionada en la materia y poner a disposición de nuestros compañeros nuestros servicios de asesoramiento jurídico gratuito para iniciar acciones judiciales y todas las medidas pertinentes.
– Exigir negociaciones paritarias libres y sin topes.
– Habida cuenta que el Poder Ejecutivo impulsó la reforma laboral en un contexto donde la verdadera intención era una reforma previsional que conlleva la rebaja del ingreso de los sectores más desprotegidos de la sociedad, no acompañaremos el proyecto de reforma laboral presentado en el Senado.
– Rechazar el DNU 27-18 particularmente en lo atinente a los temas laborales (inembargabilidad del sueldo, tal como rezan las resoluciones de la OIT), prohibición de disponer de los fondos del ANSES para la timba financiera, desfinanciamiento del sistema de Seguridad Social), por ser notoriamente inconstitucional.
– Apoyar y acompañar activamente a las organizaciones que se declaren en conflicto en razón de estos fundamentos expresados en el presente documento.
– Convocar a técnicos, asesores y a todos los compañeros para elaborar un programa básico de coincidencias respecto al destino y modelo de país.
Confederación General del Trabajo (CGT)
NdE: Los intertítulos y destacados son de La Rel.: