Entre otras cosas, el proyecto establece el sistema de “banco de horas”, por el cual los empleadores ya no abonarán extras a quienes extiendan su jornada, podrán no reconocer los convenios colectivos anteriores, serán ellos quienes determinarán cuándo sus trabajadores o trabajadoras podrán tomar su licencia anual y partirla a su conveniencia.

Lo único que podrá reclamar la parte asalariada será que cada tres años se les reconozca el derecho a irse de vacaciones un verano.

En el cálculo de las indemnizaciones por despido ya no entrarán aguinaldo, vacacionales y premios, mientras los despidos en sí mismos se verán facilitados y para financiarlos los trabajadores deberán aportar a una cuenta especial llamada Fondo de Cese Laboral.

El pago de esas indemnizaciones recortadas será lo único que podrá reclamar legalmente el trabajador, al pasar a ser “incompatibles con acciones y/o reclamos por daños y perjuicios fundados en el Código Civil y Comercial”.

Para ciertas categorías laborales, como las empleadas domésticas, se extenderá el período de prueba, que pasará de un máximo de un mes, como ahora, a seis.

Las empresas de plataforma tipo Uber o Rappi ya no deberán aportar a sus llamados “prestadores independientes” elementos de seguridad ni indemnizarlos en caso de accidente durante las horas de trabajo. Ni hablar de pagarles licencias.

La reforma procede además a un recorte de los derechos sindicales sin precedentes, incluidas la prohibición de bloqueos u ocupaciones y la obligación de pedir permiso a los patrones para realizar una asamblea en el lugar de trabajo.

Los sindicatos más combativos denunciaron la reforma como un muy audaz paso adelante dado por el liberticida gobierno de Milei en dirección de los intereses del gran empresariado y de las patronales.

Como muchos otros sindicatos argentinos, nuestra afiliada la Federación de Trabajadores de las Industrias de la Alimentación (FTIA) estimó que el proyecto “intenta instalar en la sociedad que quitar derechos y llevar a los trabajadores y trabajadoras a la pobreza trae beneficios al país”.

“Desarticular las negociaciones colectivas en un marco recesivo solo permitirá una ventaja desmedida para los dueños del capital”, apunta también.

De manera general, la FTIA inscribe la iniciativa en el marco de una política económica y social del gobierno que “solo beneficia al país de unos pocos privilegiados a los cuales se favorece con exenciones impositivas, políticas extractivistas de recursos naturales, extranjerización de las tierras y recursos”.

En los dos años de gestión que el gobierno ultraderechista cumplió este 15 de diciembre, alrededor de 20.000 empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas, han cerrado y se han perdido decenas de miles de empleos.

“La transferencia de dinero desde el trabajo hacia el capital, que ya ha sido brutal en los últimos años, tenderá a acrecentarse casi que como nunca en los próximos con esta reforma”, dijo por estos días el economista Alejandro Bercovich.

Los grandes sindicatos han convocado a nuevas protestas, pero las amenazas de represión, la capacidad reforzada del mileísmo para absorber al conjunto de la derecha, la proximidad de las fiestas de fin de año y el estado de desmovilización y agotamiento visible en la sociedad argentina hacen previsible que la reforma será adoptada por el Congreso.