Todo parece indicar que hay una suerte de “empate” entre el gobierno de Rodrigo Paz, que no logra que los bloqueos de rutas se desarmen y las manifestaciones cesen, y sindicatos y organizaciones indígenas y campesinas que no consiguen imponer sus muy variadas reivindicaciones y menos aún la renuncia del presidente.

Mientras tanto, los sectores más conservadores de fuera demandan con cada vez más premura “una mano dura”, desconfiando de la “debilidad” de un presidente que ganó la elección con posturas relativamente moderadas y se encuentra con que parte de sus propios votantes de noviembre pasado ahora están en la calle.

El domingo la Cámara de Diputados aprobó una norma que regula los estados de excepción en casos de “conmoción interna” y el lunes 8 Rodrigo Paz la promulgó.

La ley contempla disposiciones que son un llamado a la represión abierta, como una que determina de antemano la “buena fe” y la legalidad de las actuaciones de las fuerzas policiales y militares llamadas a “restaurar la paz social”.

La semana pasada las organizaciones sociales movilizadas habían pedido al gobierno la aceptación de unas “condiciones mínimas” para negociar, como el cese de la represión y de la persecución política y la liberación de los detenidos, pero los arrestos continuaron.

El gobierno insiste con un relato que procura centrar la “culpabilidad” de las protestas en los seguidores de Evo Morales, cosa que todos los representantes de las organizaciones sociales desmienten, remarcando que el epicentro de las movilizaciones han sido zonas en las que el ex presidente, recluido en su bastión del Chapare, tiene una fuerza relativa.

“No hay en este movimiento una dirección única, ni mando único, ni cabeza visible única” y en eso reside parte de su potencia, dijo la dirigente social María Galindo.

Pero si esa fuerza hoy movilizada se revela a la larga incapaz de armar “una agenda inteligible” para todos los sectores populares estará condenada a la derrota, advirtió también.