La propuesta establece directrices específicas para la atención y reparación de trabajadoras domésticas rescatadas de situaciones análogas a la esclavitud o al tráfico de personas.

El proyecto es una respuesta directa al caso emblemático de Sônia Maria de Jesus, una mujer negra con discapacidad auditiva que vive desde hace cuatro décadas bajo explotación en el estado de Santa Catarina.

De autoría de la edil Carla Ayres (PT-SC), el proyecto fue presentado en octubre de 2024 y ya fue aprobado por la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Actualmente se encuentra en análisis en la Comisión de la Mujer, bajo la relatoría de la diputada Benedita da Silva (PT-RJ).

Después de eso, aún deberá pasar por las comisiones de Trabajo y de Constitución y Justicia.

La propuesta contempla un conjunto de políticas públicas para apoyar a las víctimas, incluyendo acceso a salud, vivienda, educación, reparación financiera, reintegración familiar y acompañamiento psicológico, siempre desde una perspectiva interseccional que considere el género, la raza, la discapacidad y la clase social.

Además, la ley determina la responsabilidad de los empleadores, tanto en el ámbito penal como laboral.

El caso de Sônia Maria de Jesus conmocionó al país en junio de 2023, cuando fue rescatada por una fuerza conjunta del Ministerio Público de Trabajo y Ministerio de Trabajo y Empleo junto a otros organismos estatales de la casa del juez Jorge Luiz de Borba, en Florianópolis.

Las investigaciones revelaron que había vivido cerca de 40 años en una situación de total sometimiento, sin salario, sin acceso a la educación y con vínculos afectivos forjados con los empleadores —lo que, según especialistas, es una de las características del trabajo esclavo contemporáneo.

A pesar del rescate, en septiembre del mismo año, Sônia regresó a la casa de los investigados tras la negativa del Supremo Tribunal Federal (STF) a un habeas corpus preventivo presentado por la Defensoría Pública de la Unión.

El caso generó una fuerte conmoción y críticas de la sociedad civil, que apoyó la campaña “Sônia Libre”, lanzada por la familia biológica de Sônia exigiendo la reanudación del juicio del habeas corpus y la garantía de su plena libertad.

En marzo de 2025, la marcha del 8 de Marzo en Florianópolis adoptó la causa como uno de sus principales lemas. Diversos movimientos feministas y de derechos humanos, además del propio Ministerio de Derechos Humanos, comenzaron a presionar al Poder Judicial y al Congreso por respuestas institucionales más contundentes.

Para los defensores de la propuesta, la aprobación de la “Ley Sônia Maria de Jesus” será un paso fundamental en la lucha contra la esclavitud doméstica y en el reconocimiento del sufrimiento impuesto a miles de mujeres, en su mayoría negras y pobres, que aún viven bajo este tipo de explotación en Brasil.

“La historia de Sônia no es un caso aislado. Es la punta de un iceberg estructural. Por eso queremos transformar el dolor en política pública”, declaró Carla Ayres durante una audiencia pública realizada en junio de este año.

Mientras el proyecto avanza en el Legislativo, el habeas corpus que puede garantizar la libertad definitiva de Sônia aún espera ser juzgado en el STF.

La relatoría está en manos del ministro André Mendonça, quien rechazó el pedido de forma preliminar el año pasado. La Defensoría y organizaciones de la sociedad civil están presionando para que el caso se incluya con urgencia en la agenda.