El intento de intimidar a quienes enfrentan las desigualdades en las relaciones laborales amenaza no solo a los sindicatos, sino también a la independencia de la Justicia y al propio Estado Democrático de Derecho.

El lawfare suele asociarse al uso estratégico del aparato jurídico para perseguir, debilitar o silenciar adversarios. En el mundo del trabajo, esta lógica puede adquirir una dimensión particularmente grave: cuando la disputa sindical deja de desarrollarse únicamente en el ámbito de la negociación y pasa a involucrar mecanismos jurídicos e institucionales utilizados para intimidar a quienes defienden los derechos de los trabajadores.

Cuando una organización de trabajadores es atacada por ejercer su función constitucional de representación, el efecto también puede alcanzar a abogados, dirigentes, organizaciones sociales, periodistas e incluso magistrados que, en el ejercicio de sus funciones, toman decisiones consideradas favorables a la protección de los derechos sociales.

Es en este contexto que, junto con la Confederación Brasileña Democrática de Trabajadores de la Alimentación (CONTAC-CUT), la Confederación Nacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines (CNTA) y la Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA), manifestamos públicamente nuestra solidaridad con los magistrados Brígida Joaquina Charão Barcelos y Marcelo José Ferlin D’Ambroso, de la 8.ª Sala del Tribunal Regional del Trabajo de la 4.ª Región.

Esta manifestación va más allá de la defensa individual de los dos magistrados. Coloca en el centro del debate una cuestión esencial para la democracia: ¿hasta dónde pueden llegar los mecanismos de control sobre quienes ejercen la jurisdicción sin que el control legítimo se transforme en un instrumento de presión?

El derecho a decidir sin ser intimidado

Los mecanismos administrativos y correccionales son necesarios en cualquier Estado Democrático de Derecho. Existen para supervisar la actuación del Poder Judicial y garantizar que los magistrados cumplan con sus responsabilidades.

El problema surge cuando estos instrumentos comienzan a producir, deliberadamente o no, un efecto de intimidación sobre las decisiones judiciales.

Existe un riesgo real de que los procedimientos administrativos sean utilizados para presionar a los magistrados debido al contenido de sus decisiones, especialmente cuando están en juego diferentes interpretaciones y aplicaciones del Derecho. La cuestión es aún más sensible en la Justicia Laboral.

Históricamente, los conflictos entre capital y trabajo están marcados por una profunda desigualdad de poder económico. La existencia de una Justicia especializada, independiente y capaz de reconocer esta asimetría es una de las herramientas institucionales creadas para equilibrar esta relación.

Si el trabajador puede ser intimidado por reclamar sus derechos y el sindicato puede ser presionado por defenderlos, ¿qué ocurre cuando también se intenta intimidar a quienes, dentro de las instituciones, garantizan esos derechos?

Es ahí donde la discusión sobre el lawfare adquiere una dimensión que trasciende los tribunales.

Del sindicato al entorno del sindicato

El lawfare contra las organizaciones sindicales puede adoptar diferentes formas: procesos sucesivos, acusaciones, multas, medidas judiciales desproporcionadas, intentos de criminalización de la acción sindical o utilización de procedimientos institucionales para desgastar económica y políticamente a una organización.

Generalmente, el mensaje transmitido puede ser simple y poderoso: es mejor no enfrentarse.

Pero la intimidación puede avanzar un paso más cuando quienes defienden a los trabajadores también pasan a ser blanco de ella.

Nuestra solidaridad con los magistrados Brígida Joaquina Charão Barcelos y Marcelo José Ferlin D’Ambroso parte de la comprensión de que una Justicia independiente es particularmente importante para quienes poseen menos poder económico.

Las grandes empresas cuentan con departamentos jurídicos, recursos y capacidad para prolongar las disputas. Los trabajadores y los sindicatos, por otro lado, dependen de instituciones capaces de garantizar que los derechos reconocidos por la ley puedan efectivamente ser ejercidos.

Por eso, la autonomía de la Justicia Laboral no es una cuestión corporativa de la magistratura. Es una cuestión democrática y socia.