Brasil | DDHH | VIOLENCIA EN EL CAMPO

Con Ronilson Costa

“El agronegocio es el responsable de estos crímenes”

El asesinato del periodista británico Dom Phillips y del experto en culturas indígenas Bruno Pereira y la confirmación del hallazgo de sus cuerpos desmembrados y quemados ayer 16 de junio conmocionó al mundo. Sin embargo, esta violencia que se ampara en la impunidad y se envalentona con el discurso de odio del actual gobierno es algo que los pueblos originarios y sus defensores viven desde hace décadas.

Amalia Antúnez

17 | 06 | 2022

Foto: Gerardo Iglesias

“Este caso tuvo una gran repercusión porque uno de los asesinados era un periodista y la prensa da especial cobertura cuando se trata de uno de los suyos y porque además era extranjero y el crimen se dio en una zona donde la situación es desesperante”, dijo al respecto el sacerdote Ronilson Costa, coordinador Nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en diálogo con La Rel.

Según explicó Costa, la región suroeste de la Amazonia es una de las más disputadas y donde más se registran conflictos por la tierra.

“Nuestros compañeros de la CPT que actúan en esa región relatan la enorme dificultad que enfrentan en la lucha por la defensa del ambiente, del derecho a la tierra y a la defensa de las comunidades indígenas y otras poblaciones”, dice.

Para Costa la expansión del agronegocio por los estados de Mato Grosso, Rondônia y ahora el sur del estado de Amazonas y todo el territorio de Acre es el origen de los conflictos.

“El agronegocio ha dominado toda esa región y muchas veces se trata de los mismos terratenientes y cultivadores de soja que están en Paraná, Sao Paulo, Goiás, Tocantins y que cuentan con el total respaldo de este gobierno que alienta al sector para ese avance sobre territorios ya ocupados por comunidades tradicionales”, denuncia.

El religioso advierte también sobre el guiño que hace el gobierno de Jair Bolsonaro a los garimpeiros (mineros ilegales) anunciando que legalizará esa práctica, y que, si los indígenas no quieren plantar soja en sus tierras, la pueden arrendar a los productores que sí quieren.

“Esto es algo que se da en la práctica con varias tierras indígenas, algo que es ilegal según la Constitución de la República, al igual que la grilagem (usurpación de tierras públicas), respaldada por proyectos del gobierno y que forma parte del juego del negocio ilegal de tierras en la Amazonia”.

Para el coordinador de la Pastoral de la Tierra, la Amazonia termina siendo el escenario principal de expansión del agronegocio; la minería ilegal; la extracción ilegal de madera; y más recientemente del narcotráfico y de facciones criminales que actuaban antes en Rio o Sao Paulo y ahora prestan servicios a quienes mantienen negocios ilegales con la tierra de la Amazonia.

“En 2021, de los 35 asesinatos de líderes campesinos, indígenas, ambientalistas o defensores de los derechos humanos, 28 fueron en la región amazónica. Y este año, de los 19 casos ya registrados, 15 fueron en la Amazonia”, informa Costa.

El asesinato del indigenista brasileño y del periodista británico sorprendió por la saña, pero según Ronilson la crueldad de los crímenes en esa región viene ya de hace tiempo y es algo que marca el avance del crimen organizado.

“Las estrategias para desaparecer los cuerpos con el objetivo de entorpecer su hallazgo y la barbarie de los hechos denotan un trabajo estructurado y sistemático”, subraya.

El crimen organizado en el campo no es algo nuevo, siempre existió la contratación de sicarios, milicianos y policías militares para eliminar defensores del ambiente y de las comunidades indígenas y para sacar por la fuerza a campesinos o pueblos tradicionales que amenacen los intereses de determinados grupos económicos o políticos. Es una práctica que se remonta a décadas atrás.

De Chico Mendes a Dorothy Stang, pasando por Zé Claudio y Maria, Paulinho Guajajara y más recientemente Zé do Lago y su familia, se cuentan por miles los ambientalistas, defensores de los derechos de las poblaciones tradicionales o sindicalistas que murieron en manos de sicarios contratados por terratenientes, madereros, grileiros y mineros.

“Los propios integrantes de la CPT somos blanco constante de amenazas, no solo por nuestro accionar en el campo sino por cualquier denuncia que hagamos. Y cuando nos trasladamos a esas regiones no podemos usar nada que nos pueda identificar, ni siquiera pedir nota fiscal de nada que compremos”.

Ronilson se indigna al recordar las declaraciones de Bolsonaro sobre el caso de Dom Phillips y Bruno Pereira.

“El presidente culpabiliza a las víctimas de lo que les sucedió y ese discurso envalentona a aquellos que matan, que invaden comunidades porque se reconocen en Bolsonaro y nos tratan como enemigos”.

Y agrega, “pero no podemos perder la esperanza en cambiar este escenario y ya nos dimos cuenta que desde los gobiernos no va a llegar ese cambio por lo tanto lo que nos resta es resistir con estas comunidades, luchar y resistir”, concluye.