No es una guerra de armas ni de ejércitos formales; es una guerra silenciosa, letal, que se libra entre la codicia de los intereses económicos, la indiferencia de las instituciones y la fragilidad de políticas públicas que prometen protección, pero rara vez cumplen.

El último informe anual del Consejo Indigenista Misionero (CIMi) ¹sobre la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil aporta cifras y relatos que duelen, pero que son imprescindibles para comprender la magnitud de esta crisis.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva asumió con promesas de restaurar derechos históricos y proteger las tierras indígenas.

Sin embargo, los datos son claros: aunque se homologaron ocho territorios en el primer año de la nueva administración, esto resulta insuficiente frente a los 276 casos de invasión, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio cultural y natural de al menos 202 territorios indígenas en 22 estados del país.

La violencia no se limita a la tierra, se extiende a la integridad física y la vida de líderes comunitarios, defensores de derechos y miembros de las comunidades, quienes enfrentan amenazas, intimidaciones y ataques directos. Bahía, Mato Grosso do Sul y Paraná destacan como epicentros de esta escalada de agresiones.

Detrás de estas cifras hay historias humanas que pocas veces llegan a los titulares. Familias desplazadas de sus territorios, comunidades enteras que pierden acceso a recursos vitales, niños y niñas que crecen entre el miedo y la incertidumbre.

La violencia no siempre se ve, pero deja cicatrices profundas: la pérdida de la conexión con la tierra, la ruptura de la memoria cultural y la sensación constante de inseguridad. Las políticas públicas se diluyen frente a la presión de intereses privados que buscan explotar madera, minerales y tierras agrícolas a cualquier costo.

En este escenario, los medios de comunicación cumplen un papel crítico. La concentración mediática, la dependencia de la publicidad institucional y la falta de cobertura especializada generan un silencio cómplice que amplifica la vulnerabilidad de estas comunidades.

Las historias de resistencia, denuncia y lucha por los derechos de los pueblos indígenas rara vez encuentran espacio en los grandes canales de información, y cuando lo hacen, a menudo se presentan fragmentadas o descontextualizadas. Esta omisión contribuye a la invisibilización de una población que, pese a todo, sigue defendiendo su tierra y su cultura.

La resistencia indígena sigue viva. Comunidades organizadas denuncian violaciones, articulan movilizaciones y buscan alianzas con organizaciones nacionales e internacionales. Cada acción es un acto de coraje frente a estructuras que históricamente han privilegiado intereses corporativos y políticos por encima de la vida y los derechos colectivos.

Su lucha no es solo por la tierra, sino por la vida, la dignidad y la preservación de culturas milenarias que, si se pierden, se extinguen para siempre.

El informe del CIMI también pone en evidencia que la violencia contra los pueblos indígenas no es un hecho aislado, sino un síntoma de injusticias estructurales en Brasil: la debilidad institucional, la insuficiencia de políticas públicas, la impunidad de quienes invaden tierras y la persistencia de proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales que generan conflictos directos con las comunidades.

Hoy el llamado es claro: es necesario que la sociedad civil, las instituciones nacionales e internacionales y los medios de comunicación asuman su responsabilidad. La defensa de los pueblos indígenas no es un tema periférico, es central para la construcción de un Brasil justo y equitativo.

Su resistencia ilumina un camino hacia la protección de los derechos humanos, el respeto a la diversidad cultural y la conservación de un patrimonio natural irremplazable. Ignorar estas voces no solo es una omisión ética, sino un riesgo para toda la sociedad.

En la selva amazónica, mientras los ríos continúan su curso y los bosques susurran historias antiguas, los pueblos indígenas, aunque amenazados, permanecen en pie. No hay titulares que puedan captar cabalmente su lucha, ni cifras que expresen la hondura de su dignidad, pero su resistencia es un recordatorio constante: la tierra, la memoria y la vida no se negocian.

Defenderlas es un deber que va más allá de la política, la geografía o la economía, es un acto de justicia que define quiénes somos como sociedad y qué futuro estamos dispuestos a construir.