Según explicaron a La Rel Damiana Alcántara, Fabricio Nascimento y Arisvaldo de Jesús, integrantes de la directiva sindical y trabajadores de Veracel, la empresa decidió imponer de forma unilateral una nueva escala laboral de seis días de trabajo por solo uno de descanso (6×1), sin ningún tipo de compensación económica.

La medida, aplicada desde el 1 de noviembre, fue considerada por el sindicato y por la mayoría de la plantilla como un “régimen esclavizante”, debido al impacto directo sobre la salud, la vida familiar y la seguridad de quienes operan en turnos continuos.

Históricamente, los trabajadores de los turnos operaban con escalas intensas, pero que al menos garantizaban ciclos mínimos de descanso.

Hace cuatro años, Veracel implementó una escala experimental ̶ 6×1, 6×2 y 6×3 ̶ reconociendo que aumentaba el desgaste físico y perjudicaba la calidad de vida.

Para compensar este sistema pagaba una bonificación a cada trabajador.

En los años siguientes, la empresa renovó ese acuerdo con montos menores, siempre admitiendo que la escala provocaba daños concretos a la salud del personal.

Sin embargo, este año anunció que no pagaría ninguna compensación, alegando dificultades financieras, al mismo tiempo que exhibía públicamente una imagen de “empresa sólida” y “una de las mejores para trabajar”.

Ante la imposición de la escala de seis días laborados por uno de descanso, los trabajadores rechazaron la propuesta y aprobaron por casi el 90 por ciento de los votos el estado de huelga, cumpliendo todos los requisitos legales.

Pasadas las 72 horas reglamentarias, la huelga se hizo efectiva.

Tras más de 40 horas de paralización, el sindicato abrió una nueva instancia de diálogo, pero la empresa no respondió.

En lugar de negociar, ingresó un oficio judicial acusando al sindicato de paralización irregular, algo que –según la organización– no corresponde con la realidad, ya que la huelga fue decidida democráticamente en asamblea.

Durante este proceso, los trabajadores denunciaron diversas acciones de presión por parte de la empresa: hostigamiento psicológico; amenazas a quienes quisieran sumarse a la huelga; advertencias sobre posibles suspensiones de contrato y pérdida de beneficios.

El sindicato sostiene que estas prácticas “son ilegales y violan el derecho constitucional de huelga”, además de profundizar lo que consideran un deterioro sistemático de la dignidad y la salud laboral.

“No aceptaremos un régimen que destruye la vida de los trabajadores”, afirman los dirigentes sindicales.

Aceptar este sistema sin compensación significa normalizar un modelo de trabajo que “roza lo inhumano y se asemeja a un régimen esclavizante”, dijeron.

El sindicato afirma que seguirá negociando, pero advierte que no retrocederá en la defensa de condiciones laborales justas.

El conflicto de Veracel se suma a un debate más amplio: el movimiento sindical brasileño está actualmente impulsando una campaña nacional para poner fin a la escala 6×1, denunciando sus efectos nocivos sobre la salud física y mental de millones de trabajadores y trabajadoras y defendiendo modelos de jornada laboral que respeten la vida y la dignidad humanas.