-¿En qué consiste la denuncia que están realizando?
-Todo comenzó porque estos trabajadores se enteraron que estaban despedidos cuando fueron a cobrar el salario.
La empresa Seara Alimentos, propiedad del Grupo JBS, envió un mensaje al cacique de la Tierra Indígena Serrinha para comunicarle el despido en masa, luego que este hubiese determinado la cuarentena de la comunidad debido a que fueron confirmados dos casos positivos de Covid-19.
Por temor a la reacción de este grupo de personas, el cacique no les dijo del mensaje de JBS pensando que podría generar enfrentamientos entre miembros de la tribu, ya que podían deducir que fueron despedidos porque faltaron obligados por el líder comunitario a cumplir con el protocolo sanitario dispuesto por la FUNAI.
-¿Eso fue lo que plantearon como argumento del despido?
-No, esta medida simplemente fue usada por JBS para realizar el despido masivo de los indígenas, ya que, por ordenanza del estado de Santa Catarina, estos forman parte la población de riesgo que debe ser aislada hasta que el período de cuarentena concluya, sin perjuicio de su salario.
Esta acción de JBS generó un fuerte conflicto social en la comunidad indígena Serrinha. Afortunadamente no hubo enfrentamientos porque ellos recurrieron al Instituto Kaingan y nosotros tomamos la posta del caso.
Enviamos notificaciones a todas las empresas del sector que emplean a trabajadores y trabajadoras indígenas indicando que debido a los casos positivos de Covid-19 en la comunidad, el líder había acatado lo dispuesto por la Funai* y mandatado el aislamiento social del 1 al 15 de mayo y que por lo tanto estos trabajadores no podían ser despedidos en ese período.
La única empresa del rubro en la región y la más grande y poderosa fue la que no se atuvo al pedido ni a la recomendación del Ministerio Público del Trabajo.
El lunes 18 de mayo, recibimos una nueva denuncia, que consistía en que aquellos que habían sido despedidos ya no contarían con el sistema de transporte porque JBS había cancelado las líneas de ómnibus que trasladan al personal bajo el argumento de que no puede costearlas.
Frente a esto elevamos un pedido de Acción Civil Pública ante el MPT contra la empresa cuestionando que este grupo empresarial transnacional, que tuvo una facturación líquida de 1.600 millones de dólares en 2019 y que donó 140 millones de dólares para el combate y la prevención del Covid-19 el mes pasado, no esté en condiciones de solventar el transporte de sus trabajadores indígenas.
Suena como mínimo absurdo.
En realidad, es una conducta claramente discriminatoria porque despide a 40 trabajadores del grupo vulnerable, incluyendo a una trabajadora embarazada, en plena pandemia alegando dificultades financieras.
-¿La compañía tenía alternativas?
–JBS tenía, como el resto de las empresas del sector, un amplio abanico de opciones antes que el despido masivo.
Podría haber otorgado licencia colectiva, como lo hizo la empresa Ecofrío, o realizado una suspensión de contratos, como lo hizo el Grupo Aurora, que firmó un Término de Ajuste de Conducta (TAC) nacional dando licencia a todos sus trabajadores y trabajadoras indígenas por 60 días, sin afectar el salario.
Pero JBS decidió despedir a todos sin siquiera mediar una instancia de diálogo, mostrando una vez más esa arrogancia de quien se cree que con dinero todo lo puede comprar y que no importa que lo que haga sea inmoral o ilegal.
-¿Cuál fue el resultado de la demanda que presentaron?
-Debido a la pandemia todas las instituciones están funcionando en régimen especial. Sin embargo, luego que presentamos la demanda, el 1 de junio, la respuesta fue muy rápida.
El magistrado a cargo emitió una liminar que dispone que los trabajadores indígenas deben ser readmitidos por la empresa y de inmediato pasar a licencia, tal como lo estipula la ordenanza pública que dice que son población vulnerable.
JBS deberá por lo tanto hacerse cargo de sus salarios hasta que duren las medidas de aislamiento social.
La empresa puede recurrir esta sentencia y es por eso que solicitamos a todas las organizaciones vinculadas a los derechos humanos y laborales y a la prensa en general que realicen una fuerte presión social contra esta compañía para que trate a los indígenas con la misma dignidad con que se debe tratar a cualquier trabajador.
*Fundación Nacional del Indio