En la madrugada del 17 de julio, Día de Protección de las Selvas, mientras la mayoría de los brasileños dormía −y muchos aún soñaban con el país que un día podría haber sido−, una mayoría en la Cámara de Diputados brasileña selló un pacto con la devastación.

El Proyecto de Ley 2.159/2021, ya rebautizado como el “PL de la Devastación” por organizaciones socioambientales, avanzó una vez más con cautela de una operación quirúrgica, pero con el estruendo de una embestida desbocada. Con los corredores del Congreso medio vacíos, a espaldas del pueblo, se perpetró un nuevo golpe al corazón verde de Brasil.

No fue un acto de fuerza bruta, sino de cálculo. Una estrategia finamente tejida entre partidos de gobierno y oposición, donde las diferencias ideológicas se diluyen ante los intereses de la agroindustria, de los barones de la tierra, de los especuladores del saqueo legalizado. Lo que ocurrió en esa sesión no fue simplemente la aprobación de un proyecto de ley: fue una declaración oficial de guerra contra la naturaleza, los pueblos originarios y el futuro mismo.

El texto aprobado facilita la obtención de licencias ambientales, debilitando los mecanismos de control y supervisión. Introduce la Licencia por Adhesión y Compromiso, una especie de “autolicencia” que permite a los emprendedores declarar “en buena fe” que cumplirán la ley, eximiéndolos de análisis técnicos previos por parte de los organismos competentes. Es decir, el zorro pasa a encargarse del gallinero.

Peor aún, se crea una nueva figura jurídica, la “Licencia Ambiental Especial”, destinada a proyectos considerados “estratégicos para el país”. ¿Quién definirá lo que es estratégico? ¿El mismo Congreso copado por intereses rurales, por legisladores que desprecian la ciencia y niegan la crisis climática, pero que saben hacer negocios como nadie? Entre líneas, el texto habilita una puerta trasera para que los proyectos de alto impacto −como la exploración petrolera en la desembocadura del Amazonas− avancen sin obstáculos ni debate.

Y como si no bastara, el PL elimina la necesidad de licencias ambientales para las actividades agroindustriales. Ni una evaluación previa, ni una consulta a los pueblos afectados, ni una palabra sobre los impactos acumulativos. La tierra será usada como campo de cultivo y desecho. El precio, como siempre, lo pagarán los de abajo, los invisibles, los que habitan en cada rincón de floresta, sabana o humedal.

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, se enfrentó al Congreso con la convicción de quien ya conoce el monstruo desde dentro, pero no bastó para frenar el embate. A pesar de la evidencia científica, de las advertencias internacionales, de los desastres recientes como los de Brumadinho y Mariana* , el Congreso optó por la huida hacia adelante, hacia el dinero.

El diputado Zé Vitor, del Partido Liberal, fue el ponente del texto. Hombre de sonrisa amable, buen trato y discurso conciliador, fue presentado como un puente posible entre los extremos. Escuchó a todos, dicen. Pero finalmente entregó a los ruralistas lo que estos querían: la llave de la caja fuerte sin necesidad de rendir cuentas.

“El 80% del gobierno quiere que se apruebe el texto”, afirmó Zé Vitor sin titubear, dejando claro que los compromisos ambientales de campaña quedaron archivados en algún cajón del Planalto, junto a otras promesas que estorban a la realpolitik.

El presidente Lula da Silva tiene ahora en sus manos la última decisión: sancionar el texto, vetarlo parcialmente o rechazarlo en su totalidad. Sin embargo, incluso si vetara todos los artículos −una decisión improbable−, el Congreso podría revertir esos vetos en una sesión conjunta. Y el Congreso actual, dominado por la derecha, por el agronegocio y por una bancada ruralista envalentonada, ya ha dado suficientes señales de su intención de hacerlo.

En ese juego de sombras entre los tres poderes, los sectores económicos más poderosos ya ganaron. Lula evalúa una salida intermedia: vetar algunos puntos, promulgar un decreto que mitigue daños, y enviar un nuevo proyecto de ley para cubrir las brechas. Pero el mensaje que queda es otro: en Brasil el lobby de la destrucción tiene banca, micrófono y mayoría otorgada por voto popular.

La sociedad civil organizada ha quedado en estado de alarma. Científicos, ambientalistas, organizaciones sindicales, pueblos indígenas y quilombolas ya analizan estrategias para llevar el tema a la Corte Suprema.

Argumentos no faltan: el PL vulnera artículos clave de la Constitución, ignora convenios internacionales ratificados por Brasil, y contradice sentencias ya emitidas por el Supremo Tribunal Federal. Pero aún si se lograra frenar la aplicación del texto, ¿cuántas hectáreas ya habrán sido arrasadas? ¿Cuántos ríos desviados? ¿Cuántas especies silenciadas para siempre?

Al permitir que estados y municipios dicten sus propias reglas de licenciamiento, el PL abre un mercado de competencia regulatoria, una guerra fiscal ambiental. ¿Quién ofrecerá las condiciones más “amigables” al empresariado? ¿Quién permitirá más, controlará menos, cerrará los ojos con más eficacia? La selva no podrá competir. El Cerrado será pasto. El Pantanal, humo. Y los pueblos que allí viven, otra estadística.

En las palabras del diputado ambientalista Nilto Tatto, lo que se viene no es más eficiencia ni menos burocracia, sino más demora, más judicialización, más conflicto. Y, sobre todo, más daño. No se trata solo del medio ambiente. Se trata de qué modelo de país se está imponiendo por la fuerza de los hechos. Un país donde el lucro es ley, la naturaleza es estorbo, y la vida −humana o no− solo vale si genera divisas.

La manada pasó otra vez. Arrasó lo poco que quedaba en pie, lo poco que resistía al frenesí del capital sin freno. Y lo hizo en nombre del progreso, de la modernización, del falso dilema entre desarrollo y preservación. Lo hizo sin pudor, sin humanidad.

Queda ahora mirar hacia los márgenes, donde sigue la resistencia. En los pueblos indígenas que nunca aceptaron la lógica del despojo. En los científicos que siguen alertando con datos y pasión. En los jóvenes que se niegan a heredar un desierto. Y en cada persona que todavía entiende que sin selva no hay nación, que sin agua no hay futuro, que sin justicia no hay paz.

Porque la devastación no solo arrasa la tierra, también arrasa las promesas. Y esta vez, lo hizo con nombre, fecha y firma.