Caso de embarazada que perdió a sus gemelas revela patrón de abusos en BRF
El supervisor de una planta frigorífica de la transnacional BRF, acusado de impedir que una trabajadora embarazada acudiera al hospital —lo que resultó en la muerte de sus hijas gemelas— ya había sido denunciado por acoso moral contra otras trabajadoras gestantes en 2019.
Amalia Antúnez
3 | 7 | 2025
Foto: Difusión
De acuerdo con información de la prensa local dos funcionarias de BRF en Mato Grosso denunciaron ante la justicia laboral haber sido humilladas y expuestas a condiciones laborales inadecuadas tras informar a la empresa sobre sus embarazos.
Las denuncias revelan que el mismo supervisor les negó el cambio de funciones recomendado por médicos, y en uno de los casos, la trabajadora fue suspendida arbitrariamente bajo el argumento de que “no quería trabajar”.
Ambos casos resultaron en condenas judiciales contra BRF, que fue obligada a indemnizar a las trabajadoras por daños morales y materiales.
Una de ellas incluso había sido despedida por “justa causa”, pero logró revertir la decisión en los tribunales, recuperando sus derechos laborales.
derechos básicos
El caso más reciente, ocurrido en abril de 2024, expone de forma trágica la negligencia estructural que es una segunda piel de la empresa.
Una trabajadora venezolana, embarazada de ocho meses de gemelas, sintió fuertes dolores al inicio de su turno y pidió salir para recibir atención médica. El supervisor negó la solicitud para “no afectar la línea de producción”.
Sin recibir ayuda, la trabajadora entró en trabajo de parto en la portería de la planta frigorífica de Lucas do Rio Verde (MT), donde dio a luz. Las dos recién nacidas fallecieron poco después.
La Justicia Laboral calificó la conducta de BRF como omisa y negligente, y condenó a la empresa a pagar 150 mil reales –menos de 30.000 dólares– por daños morales, además de todos los gastos del juicio. Una cifra ínfima considerando la pérdida de la trabajadora.
La sentencia desmintió la versión de la empresa, que intentó responsabilizar a la trabajadora y alegó que el parto habría ocurrido fuera de sus instalaciones. Imágenes de cámaras internas probaron lo contrario.
Además, quedó demostrado que ningún responsable de la planta activó el protocolo de emergencia previsto por la normativa interna, y que la trabajadora no tuvo acceso al Servicio Especializado en Seguridad y Medicina del Trabajo (SESMT), como exige la ley.
BRF confirmó que el supervisor implicado ya no forma parte de su plantilla, pero evitó informar la fecha exacta de su desvinculación.
Tampoco hubo, hasta ahora, ninguna manifestación oficial por parte del funcionario involucrado.
Este caso no es un hecho aislado, sino una señal de alarma sobre la precarización de derechos en el sector frigorífico industrial.
Refuerza la urgencia de una fiscalización más estricta, la aplicación efectiva de normas de salud y seguridad laboral, y el respeto pleno a los derechos de las trabajadoras embarazadas.
Las sanciones, además, deben ser ejemplares y no simples “costos operativos” para grandes corporaciones.
La omisión de BRF no solo quebró normas laborales básicas, sino que expuso un desprecio flagrante por la vida y dignidad de quienes sostienen la producción con su trabajo diario.
Cuando una empresa ignora advertencias, repite abusos y niega auxilio, no se trata de un error: es violencia institucional contra la clase trabajadora.
