El lujoso teatro climático se arma otra vez con grandes escenarios, discursos medidos, fotos con políticos sonriendo frente a paneles solares, y un archivo interminable de promesas que se evaporan antes de que se termine el café. La COP30 —montada esta vez en Belém do Pará, Brasil, entre el 10 y el 21 de noviembre— no aparece como un faro de esperanza, sino como el siguiente episodio de una serie en la que el giro argumental lo escriben los intereses de los poderosos.

Los últimos meses han dejado señales inequívocas de fracaso. No solo las declaraciones oficiales siguen siendo elusivas, sino que alrededor del evento se tejen redes de influencia que desvían el foco.

Informes recientes advierten que el lobby de los combustibles fósiles estará más presente que nunca y que, sin transparencia sobre quién entra a las sesiones, con qué mandatos y con qué financiamiento, las decisiones —o las omisiones— corren serio riesgo de ser domesticadas en comités cerrados. No es conspiración, es la lógica industrial funcionando con traje y corbata.

Si alguien cree que la comunicación puede salvar la falta de políticas, que observe el fenómeno del “relato” en tiempo real: agencias de relaciones públicas y grandes despachos intentan maquillar la ecuación, transformar compromisos tibios en titulares optimistas, empaquetar acciones parciales como “transiciones”.

Lo llamativo no es la existencia del “maquillaje verde” —eso siempre ha estado—, sino su institucionalización como práctica aceptada en una cumbre que debería ser el antídoto contra la simulación.

La decisión de potencias clave de no enviar delegaciones de alto nivel —y la reacción de grupos sociales que insisten en llenar ese vacío— desnuda una paradoja. Mientras algunos gobiernos infligen ausencias diplomáticas o arribos timoratos, movimientos ciudadanos intentan representar el sentido común político que falta en las mesas oficiales. La foto es clara: sin liderazgo ambicioso desde los estados poderosos, la negociación queda a merced de declaraciones pactadas que nunca ponen sobre la mesa el tamaño real del desafío.

El problema es —lo repiten los científicos y lo confirma la oficina del secretario general de la ONU— que no hay margen para la complacencia. La ventana para el límite del 1,5 °C se cierra con la velocidad de un portazo. Las palabras “urgencia” y “responsabilidad” ya son lugar común, pero en el terreno de la política internacional la distancia entre palabra y cumplimiento es una autopista de peaje donde solo pasan quienes pueden pagar el costo político.

Si la COP30 no convierte ese clamor científico en decisiones vinculantes, estaremos asistiendo a otra edición de la farsa administrada por protocolos sin dientes.

Y mientras los discursos se inflan, desde el campo —el verdadero, el que produce comida y no discursos— llegan señales muy distintas. Las organizaciones de agricultores familiares y sindicatos rurales de América Latina han advertido que los mercados de carbono y los esquemas de compensación “son soluciones falsas” que no tocan el núcleo del problema: el modelo agroindustrial. Reclaman que no se puede exigir adaptación sin justicia, ni imponer reglas globales que penalicen a quienes menos contaminan.

En todo el continente, incluyendo al país anfitrión, cooperativas campesinas insisten en que la agricultura familiar es estratégica: garantiza la soberanía alimentaria, mantiene viva la biodiversidad y protege los suelos. Pero piden algo más que homenajes: financiamiento, tecnología apropiada, acceso a mercados y voz propia en las negociaciones. “No podemos pagar la factura de una crisis que no provocamos”, repiten.

Del otro lado, las grandes confederaciones agropecuarias se mueven con otro discurso: buscan reposicionar al agro como “parte de la solución”, mostrar eficiencia ambiental y disputar narrativa en los foros paralelos.

Pero ese intento de lavar la imagen del agronegocio choca con la desconfianza de movimientos rurales y ambientales, que ven detrás del nuevo y falso lenguaje verde la misma concentración de poder y de tierras de siempre. La COP30 será, también, una batalla por el futuro del campo: ¿será la vitrina del agronegocio o el escenario de una transición justa y diversa?

Hay además tensiones prácticas que parecen menores, pero no lo son: alojamiento insuficiente, barreras para la llegada de ONGs y comunidades indígenas, y una infraestructura que favorece a quienes viajan con credenciales corporativas.

Una cumbre que excluye a las voces más afectadas por la crisis climática no solo es injusta, sino que es estructuralmente incapaz de resolver lo que pretende solucionar. Si la mesa se pone solo para los mismos comensales de siempre, las soluciones tendrán que surgir de los fogones.

El campo lo sabe bien: los discursos verdes no riegan los cultivos ni garantizan precios justos. Las organizaciones rurales llegan a Belém con los pies llenos de tierra y una demanda sencilla: que la transición no sea otra forma de despojo. Que no se hable del clima sin hablar de tierra, trabajo y soberanía. Que no se repita la historia de los que prometen salvar el planeta, mientras condenan a los que lo cultivan.