Este martes 18, el Comité Latinoamericano de Mujeres de la UITA (CLAMU) se reunió con sus organizaciones afiliadas en Brasil para trazar una estrategia común de información y movilización entre las bases sindicales.

El objetivo central: presionar para que el Supremo Tribunal Federal (STF) ilegalice la contratación de trabajadores como Personas Jurídicas (PJ) cuando esta presenta elementos típicos de un trabajo subordinado.

En Brasil, cada vez más empresas están contratando a trabajadores y trabajadoras como “PJ” con el fin de evitar las obligaciones laborales previstas para un empleado bajo la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), el Código Laboral.

La práctica, conocida como pejotización, se encuentra hoy en el centro de un debate nacional.

El STF debe pronunciarse sobre su legalidad en una decisión de “repercusión general”, lo que significa que su fallo tendrá aplicación obligatoria para todos los tribunales del país. La definición final se espera para los primeros meses de 2026.

Mientras tanto, todos los procesos laborales que discuten si la contratación vía PJ constituye fraude están suspendidos hasta que el máximo tribunal se expida.

Según denuncian las centrales sindicales, sectores empresariales impulsan un fallo que legalice sin restricciones esta forma de contratación.

Hasta el momento, la Justicia del Trabajo ha considerado que la contratación como PJ podría ser válida solo cuando existe autonomía real: sin subordinación, sin exclusividad y con libertad de horarios y forma de ejecución del trabajo.

Sin embargo, cuando la figura de la persona jurídica es apenas una fachada legal y el trabajador cumple las características de un empleado subordinado, la práctica puede ser declarada fraudulenta y reclasificada bajo la CLT, según el artículo 9º, que invalida actos destinados a desvirtuar relaciones laborales.

Frente a este escenario, las organizaciones sindicales afiliadas a la Rel UITA se declararon en estado de alerta y comenzaron a coordinar acciones para informar a sus bases y presionar políticamente antes de la decisión del STF.

En esa modalidad de contratación, la persona debe abrir una empresa para prestar servicios. Esto implica asumir costos de impuestos, contabilidad y facturación, que normalmente no recaen sobre un empleado.

En la práctica, muchos de estos trabajadores se convierten en falsos autónomos, pues siguen horarios definidos por la empresa, tienen exclusividad, cumplen reglas internas, responden a jefaturas, y no cuentan con los derechos ni la protección del régimen laboral formal.

Al decir del sociólogo Ricardo Antunes, el trabajador se convierte en su propio explotador.

La pejotización trae consigo un conjunto de riesgos que impactan directamente en la vida laboral y social de millones de trabajadores y trabajadoras.

Quienes son contratados bajo esta modalidad pierden derechos elementales: no tienen vacaciones remuneradas, ni aguinaldo, ni acceso al Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), ni tampoco al seguro de desempleo.

Además de la desprotección individual, el fenómeno tiene efectos estructurales: la expansión masiva de esta forma de contratación reduce la recaudación de la Seguridad Social y amenaza la sostenibilidad del sistema de beneficios en su conjunto.

Las trabajadoras son las más afectadas por este proceso.

La pejotización profundiza la ya conocida doble jornada, sumando la precarización laboral a las responsabilidades domésticas y de cuidados.

En entornos donde predominan los contratos PJ suele haber menor protección frente al acoso moral y sexual, menos canales de denuncia y condiciones de trabajo más frágiles.

Esta vulnerabilidad limita las posibilidades de desarrollo profesional y amplía la brecha de género.

Además, la ausencia de un vínculo laboral formal dificulta denunciar situaciones de acoso sexual o moral, ya que el miedo a perder el trabajo se vuelve un obstáculo casi insalvable.