El presidente de Brasil tomó esa decisión “para acercar”, según dijo, “a las Fuerzas Armadas y a la sociedad brasileña”, pero lo que hizo en realidad fue “arrodillarse” ante los jefes militares, agregó el principal referente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) y asesor de la Rel-UITA.

“Fue un error tremendo, una barbaridad”, entre otras cosas porque hace poco más de un año el propio Lula debió enfrentar una tentativa de golpe de Estado de parte de un hombre que añora y reivindica la dictadura implantada hace seis décadas, el ex capitán del Ejército brasileño y ex presidente Jair Bolsonaro, subrayó Krischke.

“Lula no es ningún tonto y sabe perfectamente que la asonada del 8 de enero de 2023 debe mucho a la impunidad de los golpistas de 1964”, agregó.

La medida gubernamental llevó a que actos programados por el propio Ejecutivo, como un homenaje a los perseguidos por la dictadura previsto por el Ministerio de Derechos Humanos, fuera levantado.

El año pasado el gobierno de Lula había prohibido que en los cuarteles se celebrara el 59 aniversario del golpe.

“Esa prohibición era justa y coherente con la defensa de la democracia: el Estado no puede permitir que alguna de sus instituciones festeje un acto que supuso la violación de sus propias leyes y una tragedia para los brasileños”, dijeron integrantes de la Coalición Brasil por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Pero esta prohibición no tiene nada que ver con aquella de hace un año. Son casi que de signo contrario.

“No aceptaremos que, una vez más, los gobiernos negocien o abdiquen los derechos de las víctimas para poder contemporizar con los militares. No aceptaremos más esa tutela cuyo precio histórico lo han pagado los familiares y todos los afectados por los actos de excepción” de la dictadura, destacó la coalición, que agrupa a más de 150 asociaciones, en un comunicado.

“Repudiar vehementemente el golpe de 1964 es una forma de reafirmar el compromiso de castigar también los golpes del presente y eventuales tentativas futuras”, agregó.

“Mantener la memoria y la verdad histórica sobre el golpe militar (…) es crucial para evitar que esta tragedia se repita, como casi ocurrió recientemente”, escribió en la red social X la ex presidenta Dilma Rousseff, que este lunes 1 participó en Sao Paulo en una concentración ante el edificio del que fuera el mayor centro clandestino de detención y torturas de la dictadura.

Los manifestantes reclamaron la reinstauración de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos, cerrada por Bolsonaro. Lula prometió restablecerla, pero todavía no lo ha hecho.

Lucas Pedretti, un joven historiador y sociólogo brasileño especializado en la época de la dictadura, comentó que “nunca hubo una coyuntura tan propicia como la actual para discutir el lugar de las Fuerzas Armadas en la sociedad brasileña”.

Sin embargo, Lula hizo «un cálculo político que pone en primer plano una estrategia de acomodación con las Fuerzas Armadas, en detrimento y perjuicio de las necesidades históricas de la sociedad brasileña de rever su pasado», dijo Pedretti a la agencia francesa AFP.

“La sociedad civil igual se movilizó y lo seguirá haciendo”, señaló Krischke. Desde esta semana el MJDH prevé una serie de iniciativas de recordación del golpe y de sus ecos en el hoy que se irán multiplicando a lo largo de todo el año.

Entre ellas figura una de un “fuerte simbolismo”: la promoción del levantamiento en Porto Alegre de un monumento en bronce tamaño natural de João Goulart.

“Este mismo lunes 1 elevamos ese pedido firmado por tres ex intendentes de la ciudad. El intendente actual es bolsonarista, pero tal vez no pueda decir que no”, confió Krischke.

El “retroceso” de Lula no ayuda precisamente a reforzar esa solicitud ni ninguna otra que vaya en el mismo sentido. “Supone un sometimiento” a los golpistas y su relato que estos últimos sabrán leer, insistió Jair.

En una época como la actual, en la que las extremas derechas avanzan por todo el planeta, muy bienvenida hubiera sido una actitud diferente.

Bueno hubiera sido, por ejemplo, “recordar los apoyos con que contó el levantamiento en un sector del empresariado, y fundamentalmente su promoción desde Estados Unidos, que digitó todo y preparó el alzamiento desde los principales medios de comunicación y pagando a periodistas”.

Krischke recordó que el de Goulart no era un gobierno revolucionario ni nada por el estilo, pero sí lo suficientemente reformista como para que Washington le cortara las alas.

“Impulsaba una reforma agraria, sí, pero que no cuestionaba en lo más mínimo al sistema capitalista; y había resuelto imponer controles a las empresas transnacionales, pero para que no se llevaran fuera del país todas sus ganancias, como lo hacían antes”.

Bastaron esas medidas, y algunas otras, como la adopción de un estatuto del trabajador rural, el lanzamiento de un plan de alfabetización en un país en el que 40 por ciento de los habitantes eran analfabetos, o la apertura de las universidades a los hijos de los trabajadores, para que Estados Unidos lo tildara de “comunista”.

En aquel contexto, con la Revolución Cubana tan fresca y tan irradiante en toda la región, que Brasil, el país de mayor importancia estratégica de América del Sur, tomara un rumbo desafiante era intolerable para el patrón de la vereda continental.

La inspiración yanqui del golpe brasileño fue retratada en su momento en los muros de Río.

“Dejémonos de intermediarios: Lincoln Gordon presidente ya”, pintó alguien en una pared aludiendo al entonces embajador estadounidense en Brasilia y futuro secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos.

“Los cariocas tienen un humor fino e irónico que los distingue. Y a veces es tan preciso”, elogió Krischke.

El 1 de abril de 1964 —no el 31 de marzo que se afirma habitualmente, dice Jair— el general Olimpio Mourão Filho, marchó con sus tropas desde la Cuarta Región Militar, en Minas Gerais, hacia Río de Janeiro, precipitando un golpe previsto inicialmente para mayo.

Tres días después —y no a fines de marzo, como mentían los golpistas— Goulart abandonó Brasil, refugiándose en Uruguay, y años más tarde en Argentina, donde moriría pocos meses después del golpe de Estado de marzo de 1976, oficialmente de un ataque cardíaco, cuando Buenos Aires era ya la plataforma por excelencia del Plan Cóndor de cooperación entre las dictaduras sudamericanas.

“El suyo fue un gobierno democrático, justo, civilista, desarrollista”, había dicho Jair años atrás a La Rel, “integrado por universitarios de altísimo nivel que luego fueron docentes en las mejores universidades del mundo”, completó ahora.

“Recordarlo con sentido de actualidad y de futuro hubiera sido dignificante para el gobierno actual. Pero no lo quiso así”.