La lista incluye a JBS Aves, filial del grupo JBS, la constructora LCM y la fabricante de vehículos BYD, entre otras.

Un secretario de inspección laboral, Luis Felipe Brandao de Mello, fue destituido esta semana por desobedecer una orden del ministro de Trabajo Luiz Marinho, de excluir a BYD de esa lista sucia con el fin de proteger sus inversiones.

Decisiones como esa —consideró la Asociación Nacional de Inspectores Laborales de Brasil (Anafitra)— suponen “una injerencia política inaceptable en las inspecciones del trabajo”.

En 2024 quedó al descubierto que 163 trabajadores chinos estaban siendo súper explotados por un contratista de BYD para construir la “fábrica insignia” de la transnacional china en Brasil, según consignó la agencia Reuters.

Brasil es el mayor mercado de esa empresa en América Latina y las autoridades de la compañía se jactan de sus lazos con el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva.

En octubre pasado Lula asistió a la inauguración de esa planta a pesar de las denuncias que ya se habían ventilado contra la compañía.

El Instituto Trabajo Digno consideró que con políticas injerencistas y propatronales como estas el ministro Marinho, un ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), está “empañando su biografía” y echando por la borda la lucha por el control de los abusos laborales, y en especial contra el trabajo en condiciones análogas a la esclavitud.

“No destruya una política pública reconocidamente eficaz (…), no practique actos que ni siquiera sus predecesores más infames tuvieron el coraje de admitir”, le pidió la asociación al ministro.