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Rio Grande do Sul a punto de convertirse en basurero tóxico

El pasado 29 de junio la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul aprobó un proyecto de ley (260/2020) enviado por el gobierno que modifica la legislación sobre el uso de agrotóxicos en el estado. La nueva norma apunta a permitir la importación y el uso en cultivos de productos prohibidos en sus países de origen.

Gerardo Iglesias


Foto: Gerardo Iglesias

El proyecto modifica la Ley del Estado 7.747 de 1982, que prohibía el uso de agrotóxicos que no estaban autorizados en su país de origen.

Diversos legisladores afirman que se trataría de un retroceso enorme para la salud y el medio ambiente en un estado que estaba en la vanguardia en estos temas.

El proyecto aprobado, que debe ser sancionado por el gobernador, permite la distribución y venta de agrotóxicos y derivados que hayan sido previamente autorizados por los gobiernos federal y estadual. La mención del país de origen se ha eliminado de la legislación.

Durante la sesión, el diputado Edegar Pretto (PT) recordó que la ley de 1982 fue el resultado de un amplio debate que la sociedad mantuvo en ese momento.

Por su parte, la diputada Luciana Genro (PSOL) manifestó que no ve argumentos que apoyen la posibilidad de liberar plaguicidas que no estén autorizados en su país de origen.

«Vamos a transformar Rio Grande do Sul en el basurero de productos que están prohibidos en Europa y Estados Unidos, lugares donde son fabricados«, dijo.

En la vereda de enfrente se encuentra el líder del gobierno en la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul, Frederico Antunes (PP), quien manifestó no estar de acuerdo con la idea de que promover el uso de agrotóxicos sea perjudicial para la salud y el medio ambiente.

«Los agroquímicos son como medicamentos y están aprobados por organismos de control», afirmó sin sombra de pudor.

Organizaciones ambientalistas, sindicales y de la sociedad civil exigen al gobernador Eduardo Leite que vete la modificación.

Confusión de intereses

José Antonio Lutzenberger, pionero del movimiento ecologista de Brasil, fundador de la Asociación Gaúcha de Protección al Ambiente Natural (AGAPAN), señalaba en 1999 en declaraciones a la UITA que “muchos agricultores no entienden que la industria y la investigación les ha inculcado que lo único que importa es extraer la mayor cantidad de quilos por hectárea”.

Y con su característica elocuencia agregaba: “¿qué es lo que más interesa? ¿Más quilos por hectárea o que quede más dinero en el bolsillo? Ya tenemos una producción excesiva. Lo que interesa es el bienestar del agricultor y del consumidor. Claro, eso a la industria no le interesa en lo más mínimo”.

Esta claro que para muchos legisladores estaduales y para el propio gobernador Leite, el bienestar del agricultor, su familia, el medio ambiente y los consumidores no es una prioridad. Solo interesa la salud del agronegocio.

Y para ello se tornan en defensores de oficio de un modelo de producción criminal. Lo que están haciendo con esta nueva normativa lo demuestra una vez más.