Jueza frena el avance del veneno
en Rio Grande do Sul
El silencio oficial se prolongó durante cinco años. Una demanda civil pública, interpuesta por productores de uvas y manzanas cuyas plantaciones fueron devastadas por la deriva de agrotóxicos, permaneció encajonada mientras en la agricultura del sur de Brasil se extinguía su diversidad.
Carlos Amorín
4 | 9 | 2025
Foto: Gerardo Iglesias
Hasta que esta semana la jueza Patrícia Antunes Laydner, presidenta del Tribunal Ambiental, dictó una sentencia histórica: suspensión inmediata del herbicida hormonal 2,4-D en todo Rio Grande do Sul.
La decisión, calificada de urgente, apunta a proteger cultivos sensibles –viñedos, frutales, olivares y nogales pecan– de un veneno que viaja con el viento hasta 30 kilómetros, destruyendo hojas, flores y frutos. El fallo ordena al estado de Rio Grande do Sul establecer, en 120 días, zonas de exclusión o una reglamentación que impida la dispersión del veneno.
El 2,4-D no es un químico cualquiera. Fue componente del Agente Naranja, arma utilizada por Estados Unidos en Vietnam para arrasar la selva y la agricultura. La OMS lo clasifica como “posiblemente cancerígeno”, y la Abrasco¹ lo asocia a malformaciones fetales, desórdenes endocrinos y cáncer.
En Rio Grande do Sul, sin embargo, se esparce sin control sobre millones de hectáreas de soja, trigo, arroz y maíz: cultivos mayoritarios que avanzan a costa de los viñedos y frutales que sostienen a miles de familias.
Rosana Wagner, presidenta de la Asociación de Vinos Finos de la Campanha Gaúcha, lo resume con crudeza: “Si la situación hubiera seguido igual, solo la soja habría prevalecido. Ninguna fruticultura habría resistido. Esta decisión garantiza el derecho a un cultivo diverso”. El año pasado ella perdió la mitad de su viñedo. Otros productores, directamente, vieron morir sus parras.
El daño no es abstracto: cada viñedo arrasado es empleo perdido en una cadena que involucra a 15 mil familias. “La justicia es lenta, pero no falla”, celebró Valter Potter, viticultor de Guatambú. “Ahora el Estado debería extender la prohibición a todos agrotóxicos similares.”
Los análisis anexados al proceso judicial muestran que los niveles de 2,4-D en los cultivos superaban con creces los límites permitidos. Para la jueza Laydner, eso prueba la omisión del poder público.
El gobierno alegó haber creado un programa llamado “Deriva Cero” y descargó responsabilidades en el sindicato rural. Pero el tribunal fue claro: es deber del estado prevenir, legislar y proteger la salud y el ambiente.
El fallo llega en paralelo a un informe de la Asamblea Legislativa, que propone diez medidas para regular la aplicación de herbicidas disruptores hormonales y crear fondos de compensación a productores afectados.
El diputado Adão Pretto Filho, vicepresidente de la subcomisión parlamentaria que analizó las consecuencias del ueso del agrotóxico celebró el avance: “El estado debe impulsar la transición agrícola. Hoy hablamos de sostenibilidad, pero hacemos muy poco. Sin cambios, Rio Grande do Sul se convertirá en un monocultivo”, afirmó.
Con su resolución, el tribunal abre una puerta que la política aún mantiene cerrada. El 2,4-D no es solo un problema técnico, es un símbolo del modelo agrícola que subordina territorios enteros al monocultivo y que mide el desarrollo solo en toneladas de soja exportada.
La decisión judicial no cierra la disputa: apenas la suspende. En 120 días se sabrá si el estado legisla para proteger la diversidad productiva o si se somete, una vez más, a la inercia de los intereses dominantes. Hasta entonces, por primera vez en mucho tiempo, las viñas y los manzanos del sur respiran.
