El 8 de mayo el Congreso de Brasil comenzó a tratar un proyecto de ley del diputado Luiz Nishimori, del Partido de la República (PR), que defiende el uso de agrotóxicos, a los que propone llamar “defensivos fitosanitarios” para eliminar la carga negativa que los rodea.
“Este es uno de los mayores absurdos de la propuesta y, sin duda, el de mayor impacto para todos nosotros, principalmente porque disfraza los riesgos de las sustancias peligrosas”, comentó la secretaria de Medio Ambiente de la CONTAG, Rosmari Malheiros.
“Ya bajo su actual denominación causan muchos daños a la salud de la población y al medio ambiente. Imagínate lo que harán cuando su imagen pase a ser inofensiva”, señala.
Según Carla Bueno, de la Campaña Permanente contra los Agrotóxicos y por la Vida, el riesgo no está solamente en el cambio en la nomenclatura de esos productos.
“Hoy, si la ciencia afirma que hay alguna sustancia mutagénica o cancerígena en un principio activo, éste no podrá ser registrado. Este proyecto de ley afirma que estas sustancias presentan un riesgo aceptable, autorizando a que sean aplicadas en nuestra comida”, agrega.
Otro problema señalado por la coordinadora de la Campaña Permanente es la exclusión de los ministerios de Salud y Medio Ambiente del proceso de regulación y control del uso de agrotóxicos.
Actualmente, es necesario contar con el aval de estas dos carteras y el del Ministerio de Agricultura (MAPA). La propuesta solamente da participación al MAPA en el proceso.
“De ser aprobado el proyecto, los mismos interesados en que se apliquen los agrotóxicos serían los encargados de aprobar los registros. Por otra parte quieren impedir que estados y municipios puedan tener leyes más progresistas respecto al cuidado de los alimentos, la salud y el medio ambiente y obligarlos a que sigan la directriz nacional”, alerta Bueno.
El texto maneja también la posibilidad de un registro temporario de productos, que pueden ser liberados, en caso de plagas, por ejemplo.
Para las organizaciones que integran la Campaña, esa disposición es muy grave porque puede convertirse en recurrente y que se autorice el uso sustancias prohibidas desde hace tiempo, no solo en Brasil sino en otros países.
Otro riesgo que presenta el proyecto de ley del diputado Nishimori es el retiro de la obligatoriedad del recetario agronómico para la compra de agrotóxicos.
Sin esta exigencia, las personas que adquieran estos venenos carecerán de toda orientación sobre su aplicación. “Es un absurdo, y un peligro para la población”, denuncia Rosmari.
Desde 2008, Brasil lidera la utilización de agrotóxicos en el mundo.
Según datos divulgados por las propias transnacionales productoras, en las plantaciones nacionales se utiliza el 20 por ciento de los agrotóxicos que se comercializan en todo el mundo.
Entre 2000 y 2014, Brasil saltó de 170 mil toneladas a 500 mil, es decir, un aumento del 194 por ciento en 15 años.
El estudio “Geografía del uso de Agrotóxicos en Brasil y conexiones con la Unión Europea”, de la investigadora Larissa Mies Bombardi, del Laboratorio de Geografía Agraria de la Universidad de São Paulo, apuntó que en Brasil está permitido el uso de 504 agrotóxicos.
De ellos, el 30 por ciento están prohibidos en la Unión Europea, pero figuran en la lista de más vendidos en Brasil.
Entre esas sustancias figura el acetato, muy utilizado en las plantaciones de cítricos.
Una nota técnica de la Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) demuestra que el acetato está en el origen del llamado síndrome intermedio, que afecta a los pulmones y a los músculos del cuello, sobre todo en niños.
Por otra parte, hay en Brasil una clara subnotificación de casos de intoxicación por agrotóxicos.
De acuerdo a datos oficiales, ocho brasileños son contaminados por día. Sin embargo, una investigación de Fiocruz* estima que de 51 casos de contaminación sólo uno es notificado.
Ello significa que, entre 2007 y 2014, más de un millón de brasileños fueron intoxicados por agrotóxicos. Una quinta parte de ese total son niños o adolescentes.
“Con los cambios que se están proponiendo, será aún más difícil combatir o reducir el uso de agrotóxicos. El capital internacional domina este mercado, tanto en la producción de agrotóxicos como de semillas, especialmente las transgénicas, y presiona para que la ley brasileña se adapte a sus intereses”, dice Rosmari.
“El latifundio es rehén de ese modelo de producción y estamos preocupados por nuestra soberanía nacional, por los daños a nuestra economía, nuestras salud y nuestros medio ambiente que todo esto supone”, alerta.
Según Carla Bueno, las medidas dispuestas en el proyecto de ley ya son de por sí suficientes para mostrar la necesidad de luchar ya contra este “paquete del veneno” e impedir que se apruebe.
“Estamos convocando a la gente para que se contacte con sus diputados y diputadas y les pidan que rechacen este absurdo”.
“Hay que ampliar el debate en la sociedad, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral. Unirnos y no permitir que nos llenen de veneno. Necesitamos intensificar la discusión sobre la importancia de impulsar una transición agroecológica para que logremos producir alimentos sanos de forma sustentable”, concluyó.
*Nota del Traductor: La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) está catalogada como la más destacada institución en ciencia y tecnología de la salud de América Latina. Trabaja vinculada al Ministerio de Salud de Brasil.
Ilustración: CONTAG