Desde las primeras horas de la mañana, el calor de las cocinas marca el ritmo de trabajo de miles de mujeres que, con manos curtidas por años de esfuerzo, preparan los alimentos que sostienen a la comunidad estudiantil en Costa Rica.

Ellas no solo cocinan: transforman ingredientes humildes en platos esenciales y llevan en su oficio el legado aprendido en sus hogares.

Sin embargo, el propio Estado, que debería protegerlas, les sirve un contrato precario como si fuera un plato frío e insípido, mientras sigue explotando su labor en nombre de la educación pública.

A través de distintos esquemas de contratación, estas trabajadoras han sido condenadas a la incertidumbre.

Muchas dependen de las Juntas de Educación, intermediarias del Ministerio de Educación que parecen operar en su propia lógica, con reglas imprecisas y derechos ignorados.

La mitad de ellas no tiene estabilidad laboral y vive con el miedo constante de ser despedida por razones arbitrarias, muchas veces dictadas por el capricho de un director que ve su trabajo como algo menor.

Como si preparar el alimento a más de 150 estudiantes al día ─una cifra impuesta sin cuestionamiento─ fuera un acto mecánico y sin importancia, cuando en realidad es una labor titánica que requiere conocimiento, rapidez y organización en condiciones extremas.

Pero el Ministerio de Educación ha perfeccionado el arte de la indiferencia: redujo la jornada laboral de 48 a 40 horas, lo que recortó los salarios sin ninguna compensación.

Permite que las Juntas de Educación retrasen pagos, modifiquen contratos de manera unilateral y recorten sueldos sin explicaciones.

Mientras tanto, los directores de escuelas y colegios, en un abuso cotidiano, les asignan funciones ajenas a su trabajo, como arrastrar basura por largas distancias, sumando a su jornada un peso injustificado que las agota aún más.

Cuando parecía que no podían arrebatarles más derechos, el gobierno ideó un nuevo ardid: el sistema de “compra de servicios”.

Ahora, estas trabajadoras no solo deben cocinar, sino financiar los alimentos que preparan, cubrir sus propios seguros y asumir los riesgos de una labor peligrosa.

Con tanques de gas en la misma cocina y temperaturas insoportables, trabajan expuestas a accidentes sin protección adecuada, mientras el Estado le niega el derecho a la huelga al clasificar su labor como “servicio esencial”.

Les prohíbe alzar la voz contra la explotación y, en un acto de cinismo, les dice que, si no les gusta, pueden renunciar, que siempre habrá otras dispuestas a ocupar su puesto.

Este modelo no es más que una receta para la injusticia, una eliminación silenciosa de sus derechos, una negación de la seguridad social y la posibilidad de una jubilación digna.

Las Juntas de Educación y los directivos escolares no solo perpetúan este sistema, sino que lo refuerzan con malos tratos y desprecio hacia quienes cada día sostienen la alimentación escolar.

La precarización laboral en los comedores escolares es una tragedia que se cocina a fuego lento, una injusticia disfrazada de administración eficiente.

¿Hasta cuándo se permitirán estas condiciones indignas?

La lucha por los derechos laborales de estas trabajadoras no es solo una cuestión de justicia es un asunto de dignidad humana, de reconocimiento a quienes, con esfuerzo y compromiso, alimentan el futuro de este país.