“La negociación colectiva en Costa Rica adolece de una legislación que ponga en ejecución los principios que establece el Convenio 98 de la OIT, es decir asegurar una negociación libre y voluntaria entre las partes”, dijo a La Rel, Frank Ulloa, asesor de la Rel UITA.
El abogado laboralista recordó que, hace unos cuatro años, en el país se llevó a cabo una reforma laboral, que fue pensada para el sector público y sin medir las consecuencias en el privado.
Una de las nuevas normas establece un plazo máximo de un mes para llegar a un acuerdo entre las partes. De no lograrlo serán los tribunales a decidir sobre el diferendo existente.
“Aplicar este criterio al sector privado no sólo es absurdo y está fuera de contexto, sino que violenta el principio de negociación libre y voluntaria”, aseveró Ulloa.
Otros temas muy cuestionados tienen que ver con el porcentaje mínimo de afiliación requerido para negociar colectivamente, que en Costa Rica es del 33 por ciento de la planilla, y con la existencia de organizaciones patronales.
“Para un sindicato nuevo es prácticamente imposible alcanzar esta cantidad, sobre todo en las grandes empresas agroindustriales donde hay varias fincas y ni siquiera se sabe de cuánto es la planilla.
Además, se permite la creación de organizaciones patronales que, en lugar de negociar convenios colectivos, negocian arreglos directos con la empresa que en nada benefician a los trabajadores”, explicó Ulloa.
Hasta mediados de los años 80, en Costa Rica hubo un gran desarrollo de la negociación colectiva en el sector privado. Solamente en el sector bananero se llegó a tener más de 60 convenios colectivos. Lo mismo pasaba en otros rubros agrícolas y en el sector industrial.
Eso comenzó a cambiar a raíz de una brutal ofensiva patronal lanzada contra el sindicalismo, que se agudizó aún más en la última década.
Sólo en los últimos cinco años han desaparecido cuatro de las ocho convenciones colectivas que se habían firmado en el sector privado. En el sector agrícola sólo queda una en el sector bananero y otra en la caña de azúcar.
“A la par hay miles de arreglos directos firmados entre los comités permanentes y las empresas. Las autoridades lo saben y no hacen nada.
De hecho, en Costa Rica la negociación colectiva está prohibida en el sector privado, más si se trata de empresas transnacionales.
Los trabajadores que se atreven a exigirla son despedidos y en las empresas hay equipos especializados en destruir convenciones colectivas o evitar que el sindicato alcance la cantidad requerida de afiliados”, manifestó el experto abogado laboralista.
Una situación que se va agravando cada vez más, ante el silencio cómplice de las autoridades.
“Los ministros del trabajo son seleccionados por las élites económicas. No hay fondos suficientes para las inspecciones y los funcionarios son cada vez menos especializados y más impregnados de una cultura antisindical.
Las élites también financian y nombran a los políticos, que eligen a los magistrados, que deciden sobre los conflictos laborales. Así se cierra el círculo y se sella la política estatal de no reconocimiento del derecho de negociación colectiva”, advirtió Ulloa.
“Costa Rica sigue siendo una democracia sin negociación colectiva y sin sindicatos en el sector privado. Lo poco que queda es negociado a la baja y los derechos adquiridos son cercenados sistemáticamente. Esta es la realidad”, concluyó.