La Regional manifestó también su preocupación por las inaceptables condiciones de trabajo que padecen el conjunto de las personas que laboran en las fincas bananeras y de piña de Costa Rica propiedad de transnacionales, en su mayoría migrantes e indígenas.

“Nos inquieta saber (por ser un problema reiterado en las últimas décadas) que se hayan descuidado las inspecciones de trabajo en estas empresas y que ahora las que se realizan no surten el efecto esperado, mientras continúa el sistemático irrespeto de la legislación laboral, así como la permanente política antisindical”, señaló La Rel en una carta que envió al ministro de Trabajo y Seguridad Social Andrés Romero Rodríguez.

La situación más dramática en ese sentido es la de los trabajadores de origen indígena, que constituyen el grueso de la mano de obra en los establecimientos de la zona fronteriza propiedad de la subsidiaria de Chiquita Brands.

“Es claro que a estos trabajadores debe dotárseles de una vivienda digna. Sin embargo, las empresas las están destruyendo con el fin de dejar de pagar el salario en especie a que los obliga la legislación costarricense”, dice la carta.

En las fincas manejadas por Chiriquí Land Company, el 85 por ciento de los trabajadores tiene nacionalidad panameña y, en su mayoría, pertenecen a la etnia Ngöbe-Buglé).

En las últimas semanas, denunciaba La Rel en una nota del 27 de agosto pasado, “la compañía está avisando a decenas de trabajadores que tienen 15 días para desocupar sus viviendas y buscar a dónde irse”.

Todos los afectados estaban afiliados al Sindicato.

La ofensiva antisindical de la empresa no es precisamente nueva. Tampoco la debilidad de los supuestos organismos de contralor del Estado.