Este 19 de mayo, las confederaciones más representativas de Costa Rica enviaron una carta al director de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, Eliel Hasson Nisis, expresando su total inconformidad con un proyecto de ley que pretende ampliar en el país la jornada laboral a 12 horas.

“Nos dirigimos a usted con profunda preocupación ante la propuesta de ampliación de la jornada laboral a 12 horas, por medio de las jornadas 4×3”, explica la carta.

Impulsado por el actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles, el proyecto de ley 24290 coloca en grave riesgo los derechos fundamentales de la clase trabajadora costarricense, al tiempo que retrocede más de un siglo las conquistas históricas derivadas de la lucha obrera, aseguran las cuatro confederaciones¹.

Un proyecto ─continúan─ que atenta contra el principio de la limitación de la jornada laboral, establecido en el Convenio 1 de la OIT y que representa un pilar del derecho internacional.

“Su fundamento es claro: una jornada más extensa afecta la salud, la calidad de vida, el salario de los trabajadores, entre otros aspectos, generando un impacto inversamente proporcional sobre su bienestar y el de la sociedad en general”, alertan en su carta.

En cuanto miembro de la OIT y firmante de varios de sus convenios, el Estado de Costa Rica no puede ignorar el principio fundamental de que los derechos adquiridos no deben ser eliminados.

A este respecto ─advierten las confederaciones─ la ampliación de la jornada laboral no puede considerarse como una simple reforma administrativa, sino un verdadero atentado contra el bienestar de quienes sostienen la economía nacional.

“Instamos a la OIT, como organismo tripartito, a pronunciarse públicamente sobre esta situación. No es posible, ni aceptable que, ante una reforma que afecta directamente a los trabajadores, guarde silencio diplomático cuando su misión es garantizar el cumplimiento de los principios laborales esenciales”, se increpa en la nota.

“La sociedad costarricense espera de la OIT una posición clara en defensa de los derechos laborales, alineada con los convenios internacionales y con el principio de trabajo digno y equitativo, enmarcado dentro del concepto de trabajo decente”, concluyen.