José Rodrigues Moreira, Lindonjonson Silva Rocha y Alberto Lopes do Nascimento, irán a juicio popular, en el Foro de Marabá, acusados de asesinar a los líderes ambientalistas del asentamiento Praia Alta/Piranheira, en Nova Ipixuna, sur de Pará.
Para el Ministerio Público Estadual de Pará (MPE-PA) el crimen estuvo motivado por la disputa sobre uno de los dos lotes adquiridos por el reo José Rodrigues, «objetivando alejar cualquier impedimento para adquirir la posesión de la tierra”.
El MPE-PA apunta una serie de indicios para acusar a los reos, vistos en un bar, a aproximadamente 3 kilómetros del lugar del crimen, así como también en una moto antes y después del hecho. Fue encontrada una capucha de buceo en el lugar del crimen, siendo que José Rodrigues tenía en su propiedad equipos de buceo. El examen de ADN también indicó compatibilidad para dos de los acusados.
El abogado y coordinador de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de Marabá, João Batista, también amenazado de muerte, actuará como abogado asistente de la fiscalía. La agricultora Laisa Santos Sampaio, hermana de Maria do Espírito Santo, será una de los testigos.
La pareja de campesinos extractivistas “marcada para morir” denunciaba la producción ilegal de carbón con madera de bosque nativo y castañeras; las invasiones ilegales de tierras fiscales para ganadería extensiva y empresas madereras ilegales.
Debido a esto, la pareja era constantemente amenazada de muerte por parte de empresarios madereros y del carbón, de la región. Zé Claudio ya había escapado de una emboscada en 2010, cuando pistoleros lo buscaron en su casa, donde no se encontraba en ese momento.
El Ministerio Público va a solicitar la pena máxima para los acusados de la muerte del matrimonio Zé Claudio Ribeiro y Doña Maria.
La violencia en el campo
Fue el 24 de mayo de 2011 cuando fueron emboscados los campesinos extractivistas y asesinados a tiros de escopeta en Nova Ipixuna, al sur de Pará, lugar del asesinato Praia Alta-Piranheira. Días después de la muerte de la pareja, sucedió la del agricultor Eremilton Pereira dos Santos, un posible testigo del crimen. Eremilton fue asesinado en el mismo asentamiento agroextractivista Praia Alta-Piranheira.
El 27 de mayo otro líder campesino fue muerto a tiros, esta vez en Vista Alegre do Abunã, en Rondonia. Adelino Ramos, el “Dinho”, era líder del Movimiento Campesino Corumbiara y también denunciaba la situación de los madereros en la frontera de los estados de Acre, Amazonas y Rondonia.
El día 2 de abril de 2013, Fábio dos Santos Silva, graduado en Pedagogía, con posgraduación en Educación del Campo y dirigente del Movimiento de los Sin Tierra en Iguaí-BA, fue asesinado cuando conducía su auto, acompañado por su esposa e hija. Dos hombres fuertemente armados en moto que se los seguían por la entrada vecinal que une el municipio de Iguaí-BA con los campamentos y asentamientos iguaienses dispararon varios tiros en la cabeza del líder del MST.
El asesinato fue presenciado por la esposa y la hija de apenas 4 años. Familiares afirman que el venía recibiendo amenazas de muerte constantemente.
La violencia en el campo brasileño, en especial en el estado de Pará, será objeto de denuncia mundial por parte de la RLA (Right Livelihood Award). Esta organización, que actúa hace 30 años en la lucha por los derechos humanos, ya está en Marabá para acompañar el juicio de los tres acusados.
Anoche, en una entrevista colectiva, la RLA afirmó que la disputa por la tierra es uno de los casos más preocupantes de violaciones de derechos humanos en el mundo.
Para Marianne Andersson, jefa de la comisión internacional de la RLA, “un caso como este, con tanta violencia, es lo peor que he escuchado”, afirma en relación a la violencia generada en Pará por la posesión de la tierra y los respectivos crímenes ambientales implicados.
Para el biólogo Raúl Montenegro, también de la fundación RLA, Brasil es el país con más personas asesinadas por motivos ambientales y de tierra. Él informa que entre 2002 y 2011 fueron asesinados 365 personas.
Perú viene en segundo lugar, con 123 personas muertas, menos de la mitad. Esa violencia se agrava cuando el poder público permite que numerosos casos continúen gozando de total impunidad.
