En ese marco es que surge el Proyecto de Ley (PL) 4059/2012, que pretende liberar por completo la adquisición de tierras por el capital extranjero, tramitado de manera urgente en la Cámara de Diputados.
Este proyecto tiene como objetivo “eliminar los derechos de los pueblos indígenas, quilombolas y campesinos, y liberar la tierra para la explotación del agronegocio”, afirma el Consejo Indigenista Misionero (CIMI).
La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 215, también en discusión en el Congreso, busca por su lado aniquilar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, inviabilizar las demarcaciones de sus tierras tradicionales, y permitir que las demarcaciones ya realizadas sean revisadas, de manera de poder explotar esas tierras, alerta el CIMI.
Según se puede leer en la página web del Consejo, “los movimientos populares y organizaciones del campo denuncian la acción de la bancada ruralista y del ilegitimo presidente Michel Temer en favor de extranjerizar la tierra brasileña y comprometer los recursos naturales en busca de más ganancias económicas”.
La venta de esas tierras, prosiguen esos movimientos, equivale a entregar la biodiversidad, el agua, los recursos naturales, el subsuelo y el control del territorio brasileño, por lo cual “sólo puede beneficiar a los capitales extranjeros”.
El subsecretario del CIMI, Gilberto Vieira dos Santos, considera que estos proyectos están interconectados y forman parte de una única pauta que tiene como finalidad liberar las tierras para la explotación del agronegocio.
De acuerdo a datos del Imazon de junio pasado, en tan sólo un mes se ha deforestado el equivalente a dos ciudades de Porto Alegre.
Entre 1985 y 2015, 125 indígenas y trabajadores rurales fueron asesinados sólo en el estado de Mato Grosso, señala el informe. No ha habido hasta ahora ningún procesado por esos crímenes.
Un informe de la cadena británica BBC de 2014 revela a su vez que entre 2007 y 2014 fueron asesinados en territorio brasileño 833 indígenas.
La intensificación de los conflictos en el campo y “el abandono de esta población” por parte de los organismos estatales competentes fueron citados por la investigadora Regina Erthal entre las principales causas de ese exterminio.
El CIMI informó a su vez a fines de abril pasado que la violencia contra los indígenas duplicó en espacio de un año, al tiempo que ha aumentado la criminalización de los líderes indígenas.
El Consejo subraya también que la creciente inestabilidad política del país ha agravado la ya débil e ineficaz acción estatal en lo que respecta a protección de los pueblos indígenas, lo que puede conducir a un empeoramiento de su situación.